BEA ROSELLÓ
El conseller de Comerç, Industria i Energia, José Juan Cardona, anunció a este periódico que los servicios jurídicos del departamento balear estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de Eivissa por permitir la actividad de los establecimientos sancionados que no cuentan con la licencia autonómica correspondiente.
En este sentido, Juan indicó que la «contradicción» en esta situación es el hecho de que el consistorio ha concedido la licencia de actividades a los establecimientos, calificados como grandes superficies, sin consultar con el Govern por lo que el ejecutivo autonómico no puede adoptar medidas cautelares para el cierre de estas tiendas ya que «llevan más de un año ejerciendo su actividad». Aún así, el conseller balear de Comerç señaló que una vez que se estudie de forma detallada la fórmula de actuar se emprenderán las acciones pertinentes.
Según el conseller, que manifestó que «no se quiere entrar en conflicto con el Ayuntamiento», una de las soluciones es que la administración municipal revise las autorizaciones concedidas, se revoquen y se anulen porque son «ilegales de pleno derecho». Si esto no se hace así, el Govern balear deberá denunciarlo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para que sea la autoridad competente quien resuelva el conflicto. A pesar de todo esto, el ejecutivo autonómico no podría volver a aplicar de nuevo una nueva sanción a estos establecimientos por seguir ejerciendo su actividad comercial. Además, el conseller balear de Comerç aseguró que todas las sanciones interpuestas están recurridas por los empresarios ya que alegan que cuentan con una autorización municipal. A pesar de estos imprevistos, José Juan Cardona quiso resaltar que la ley de comercio de Balears es una de las más restrictivas del territorio nacional y las multas han sido las más altas en los últimos años en toda España. De esta forma, hay que recordar que en el mes de febrero el ejecutivo autonómico aplicó en Vila cuatro sanciones de 300.000 euros cada una a Women's Secret, Stradivarius, Pepe Jeans y Springfield. «No es comprensible que estos grandes negocios no conozcan la normativa».