B. ROSELLÓ
El plan de actuación previsto por el Consell Insular para el verano de 2007, que prevé sacar a concurso un total de 59 autorizaciones estacionales, ha despertado un año más el enfado de una parte del sector del taxi, entre ellos la asociación de la Unió Pitiusa del Taxi. Por todo ello, desde el colectivo están estudiando la posibilidad de reclamar medias cautelares al juzgado de lo Contencioso para paralizar la dotación de las licencias temporales para este verano. A pesar de ello, el Boletín Oficial de Balears (Boib) ya anunciaba en su edición del martes la aprobación de este plan por lo que los interesados ya pueden empezar a presentar las solicitudes.
Unió Pitiusa del Taxi, por su parte, mantiene el contencioso administrativo contra el Consell al interpretar que la máxima institución insular invade las competencias municipales a través de la concesión de estas licencias temporales. Por ello, se basan en una de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Balears fechada en 2003 en la que se concluye que el «servicio de taxi no es una actividad privada de interés general, sino que se trata de un servicio público impropio o virtual, pero reservado al municipio, independientemente de que se preste por particulares». Con estos argumentos, desde la Unió Pitiusa del Taxi tienen la esperanza de que este año sí se paralicen la concesión de estas licencias temporales y el juzgado de lo contencioso administrativo falle a su favor. Por otra parte, esta misma asociación también tiene un frente abierto con el municipio de Sant Antoni por la concesión de licencias de taxi anuales sin realizar un estudio previo. Por esta simple razón pueden ser anuladas las autorizaciones que se han concedido, tal y como ya pasó con las que se emitieron desde el Ayuntamiento de Santa Eulària en 2003 y fueron denegadas por la sala de lo Contencioso de Palma.