C. R.
La juez de lo Penal número 1 de Eivissa, Clara Ramírez, ha condenado a un año de prisión y a una multa de 9.000 euros a la dueña, el constructor y el arquitecto de una casa de sa Caleta (Sant Josep) por un delito contra la ordenación del territorio por haber realizado obras sin contar con la preceptiva licencia. Los acusados también deberán demoler todo lo que se edificó sin permiso y el arquitecto y el constructor quedarán inhabilitados durante un año para ejercer su profesión.
Los hechos se remontan a octubre de 2003, cuando la acusada pidió una licencia para reformar unas viviendas existentes en la finca de Can Toni Fita, ubicada dentro del parque natural de ses Salines, en la zona de sa Caleta. En un primer momento, los trabajos consiguieron un informe favorable de Medi Ambient del Govern, aunque tras presentarse posteriormente un plano modificado el informe se convirtió en desfavorable, por lo que el Ayuntamiento de Sant Josep acordó denegar la solicitud de obras. Pese a ello, y según consta en la sentencia, comenzaron a realizar una reforma general de la vivienda y un grupo de cuadras, con levantamiento de todo tipo de módulos, muros y jardineras. Además, parte de la construcción afectaba a la zona de servidumbre de Costas.