El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3, Pablo Mendoza, ha decidido elevar la causa del macrojuicio de faltas contra medio centenar de antiautopistas a la Sala II del Tribunal Supremo. El motivo es la condición de miembro del Parlamento Europeo de Bernat Joan, que se opuso al paso de las excavadoras el 3 de febrero de 2006. El juez ha decidido elevar toda la causa y no sólo el caso particular del eurodiputado teniendo en cuenta que la Audiencia Provincial estimó que la actuación de los activistas estaba «concertada», además de que los partícipes en los hechos «tienen derecho a un enjuiciamiento conjunto», según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También los abogados de los antiautopistas se mostraron a favor de mantener la unidad de la causa.
Este caso recogía las denuncias de los incidentes en Ca na Palleva, Can Malalt y Can Pere Casetes contra muchos miembros de la Plataforma Antiautopista y algunos destacados políticos, como los diputados Pilar Costa y Miquel Ramon o la ex consellera Fanny Tur. Los implicados rozan el medio centenar, aunque alguno de ellos, como han denunciado en repetidas ocasiones desde la Plataforma, ni siquiera existen. Es el caso de «herederos de Manuela Tur», que aparecen citados en la causa, sin especificar nada más y sin que nadie sepa quiénes son. El auto del juez recuerda también que, según el Estatuto de Autonomía de Balears, los diputados autonómicos deberán ser inculpados y enjuiciados por el Tribunal Superior de Justicia.
Entre los implicados en esta causa en las que se les acusa de una falta de coacciones están también destacados miembros antiautopistas y expropiados como Antoni Planells Malalt, Joan Ramon Palleva, Marcos Lluy o María Serra de Cas Puig. Este caso fue archivado en Eivissa aunque posteriormente reabierto por la Audiencia.