CLAUDIA ROIG
La Plataforma Antiautopista aseguró ayer que el auto judicial que paraliza los trabajos de vertido de tierras expropiadas de las autovías y en el que se habla de «enriquecimiento ilícito» de Empresas Matutes confirma lo que llevan denunciando desde hace meses. «Se ha demostrado que los vertidos se han hecho incumpliendo diversas leyes autonómicas, estatales y europeas», explicó una de las portavoces de la Plataforma, Fanny Tur, que recordó que en la resolución judicial también se habla de que el acopio de tierra «no tienen un fin provisional sino definitivo». «Desde el principio estaban destinados a construir un campo de golf privado, con un aprovechamiento escandaloso de empresas directamente vinculadas con la consellera de Vies i Obres, Stella Matutes».
Los antiautopistas también presentaron ante el juez una ampliación de la denuncia en la que se adjuntan fotografías en las que se puede apreciar que el miércoles por la tarde las máquinas y los camiones continuaban trabajando en la zona en la que está previsto construir el golf incumpliendo la paralización cautelar ordenada por el juez. Precisamente el auto advertía de que si esto ocurría se podía incurrir «en delito de desobediencia grave a la autoridad».
Tur recordó que el golf se está construyendo «sin licencia» y explicó que pese a que se trata de un auto y no una sentencia, en él se pone en evidencia una de las «grandes mentiras» que en su día dijeron el Consell y Empresas Matutes y es que «el proyecto de la autovía había frustrado el campo de golf, cuando ahora se ha visto que se ha beneficiado». Por todo ello, la Plataforma exige a Abel Matutes que haga efectiva su oferta de dar una recompensa de 300.000 euros a quien demostrara que se beneficiaba de las autovías. «Le facilitaremos el número de cuenta de la Plataforma», dijeron los antiautopistas, que añadieron que «no deja de ser una cantidad irrisoria en comparación con los beneficios que han tenido». Pidieron además explicaciones a los presidentes del Govern y del Consell, Jaume Matas y Pere Palau y a las conselleras responsables de carreteras, Mabel Cabrer y Stella Matutes. «Que dén la cara y expliquen qué piensan hacer con este nuevo escándalo que se ha destapado».
La Plataforma dispone de un informe de la Guardia Civil de agosto de 2006 en el que se confirman los acopios masivos de tierra entre los que hay «aglomerado asfáltico y hierros». En la ampliación de la denuncia también se entrega documentación del Govern en el que aseguran que los vertidos son de residuos «no peligrosos». «Jaume Font como conseller de Medi ambient debería saber lo que es un residuo peligroso», indicó Tur, que recordó que la Ley dice claramente que el asfalto y el hierro lo son. La Plataforma considera que estos informes demuestran que el Govern tenía conocimiento de estos vertidos desde hace meses y recordó que el Código Penal tipifica también la dejadez de funciones. En el informe de la Guardia Civil se menciona que la directora general de Biodiversitat reconoce que se han hecho vertidos en la zona periférica del parque natural de ses Salines.