C. ROIG
La Fiscalía de Eivissa está investigando si el centro cívico de Sant Mateu, que impulsa el Consorcio de Recursos Sociosanitarios (entidad participada por el Consell y el Govern), se ha construido en parte sobre suelo no urbanizable. Lo que se intenta averiguar desde el ministerio público es si se ha cometido un posible delito contra la ordenación del territorio, ya que al parecer la licencia que otorgó el Ayuntamiento de Sant Antoni era para suelo urbano. En Fiscalía ya han recibido documentación del Consistorio al respecto, que ahora deberán estudiar. El paso próximo será pedir una prueba topográfica para comprobar si parte de este centro cívico se está levantando en suelo no urbanizable. Se da la circunstancia de que un vecino denunció además que esta infraestructura se construye sobre unos terrenos que eran suyos.
Por otro lado, la Fiscalía investiga la urbanización de Cala Pinet por presunto incumplimiento de una resolución judicial y un delito de estafa. Los propietarios de los terrenos colindantes a esta edificación ganaron un contencioso y la justicia obligó al Ayuntamiento de Sant Josep a abrir un expediente de infracción urbanística porque no se cumplía el retranqueo mínimo. Sin embargo, el Consistorio firmó un convenio urbanístico en el que acordó que ninguna de las partes pedirá la ejecución forzosa de la demolición, pese a existir sentencia. En este sentido, el fiscal ha solicitado toda la documentación al respecto al Ayuntamiento. En este caso también se está investigando una presunta estafa en la que se habrían vendido pisos sin informar del peligro de demolición.