B. ROSELLÓ
El grupo municipal de la oposición del Ayuntamiento de Sant Antoni denunció ayer la «irresponsabilidad del alcalde y del equipo de gobierno» ante la falta de una normativa que regule los establecimientos de ocio y discotecas del municipio, según señaló ayer a este periódico la portavoz de la coalición progresista, Laura Carrascosa.
El grupo en la oposición criticó ayer que la normativa aprobada por el Ayuntamiento de Sant Antoni el pasado mes de julio de 2000 ha quedado en parte suspendida por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears tras un recurso interpuesto por la Asociación de empresarios de salas de fiestas, discotecas y similares de Balears.
En la sentencia se anulan ciertos artículos que hacen referencia a la insonorización y las condiciones técnicas sobre ruidos: «Lo hemos denunciado ya en dos ocasiones ante el equipo de gobierno y demuestra su falta de voluntad al no haberse preocupado por tener una ordenanza que recogiera el derecho de los vecinos al descanso y no hacer una herramienta jurídica que le permita subsanar las deficiencias de aquellos locales que se exceden en sus licencias», criticó Carrascosa, que señaló que está pendiente de un informe del secretario del Ayuntamiento de Sant Antoni donde se explique qué se debe hacer una vez anulados parte de los artículos.