Las consecuencias económicas del hundimiento del Don Pedro están siendo analizadas por el Servicio de sistemas de información geográfica de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que en 2004 creó con participación del Imedea un programa informático dentro del proyecto europeo 'Damage', un software especialmente programado para evaluar los costes de las catástrofes de manera rápida.
Según explica el jefe de este servicio, Mauricio Ruiz, el programa vendría a ser «el inventario de las catástrofes», porque incorpora un sistema para la evaluación de los costes de los daños directos. El hundimiento del Don Pedro es el primer siniestro con el que se está intentando aplicar el programa, ya que «no hemos tenido ni incendios ni terremotos», indicó Ruiz, que propuso a la Conselleria d'Interior que podría ser interesante calibrar el modelo con «distintos desastres que se vayan produciendo en Balears».
Este científico aclara que se trata de probar el sistema, porque «es muy abierto» y así se pueden ir definiendo los elementos que hay que valorar en caso de catástrofe ambiental. Ruiz pone un ejemplo: «Si tienes un edificio dañado el sistema lo que te permite es hacer un cálculo a través de métodos de valoración catastral y en función de los daños a nivel porcentual que has visto en el edificio te hace un cálculo de los desperfectos y el coste que supondría».
En el caso de un siniestro ambiental como el del Don Pedro se tiene que analizar el coste derivado de movilizar los servicios de emergencia y los daños sobre la actividad turística o empresarial. El problema en este caso es que los científicos de la UIB no hicieron la evaluación de los daños si no que han sido las administraciones implicadas, por lo que por el momento no cuentan con demasiadas cifras. «Tenemos algunos datos del trazado de la mancha, pero del coste de la emergencia no tenemos ni idea y nos gustaría porque el Damage incorpora también los medios que se han utilizado».
Para recoger datos, la UIB envió a una persona a Eivissa que estuvo haciendo fotos, intentando cartografiar las zonas dañadas y buscando datos. También se ha solicitado a la Administración una valoración de los costes de la emergencia. El objetivo es aprender de la catástrofe para averiguar también si los sistemas de alerta o los servicios de emergencia fueron los adecuados, además de diagnosticar el riesgo (gestionar las rutas de transporte de una determinada forma, por ejemplo). «Se trata de ser menos vulnerables», concluye Ruiz.