El conseller de Movilidad y Ordenación del Territorio, Gabriel Vicens, anunció ayer que su departamento presentará en el Parlament «de manera inminente» un proyecto de ley de medidas urgentes para «corregir las disfunciones y actuaciones negativas» del anterior Govern del PP en materia urbanística. Según expresó Vicens durante el debate de una interpelación planteada por el Grupo Popular sobre política territorial, esta ley marcará un «cambio radical» en la gestión del territorio llevada a cabo por el PP, con el fin de terminar con el «urbanismo a la carta» que, en su opinión, practicaron los populares a través de «muchas leyes de acompañamiento o de medidas específicas», precisó.
El conseller confirmó la intención del Govern de desclasificar zonas urbanizables «de acuerdo con su grado de consolidación», modificar la actual legislación en materia de territorio «en muchos sentidos», aprobar una Ley del Suelo, una Ley del Paisaje y una Ley de Barrios que deberán servir para dotar a la comunidad de un marco jurídico «único y actualizado» que fomente el acceso a la vivienda, basándose en criterios de sostenibilidad.
Señaló, asimismo, que la Conselleria prestará apoyo técnico y abrirá líneas de ayudas para que los ayuntamientos adapten las normativas municipales a los Planes Territoriales Insulares (PTI) y que, una vez logrado y observados los efectos, se valorará si se modifican y en qué sentido las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT). El conseller apuntó también que se priorizará el transporte público, se consolidará la red balear de espacios naturales -estudiando posibles ampliaciones-, y que no se aprobarán nuevos puertos deportivos, además de estar prevista la modificación de la ley de campos de golf para restringir el consumo de territorio de estos espacios.
Por su parte, el diputado del PP Jaume Font acusó a Vicens de no concretar en las medidas que su departamento tiene previsto desarrollar para cumplir con la protección del territorio que prometían en campaña. «No está concretando, sólo da pistas. ¿Qué harán para acabar con ese 'urbanismo desorbitado' que critican? ¿Cómo lo conciliarán con el gran problema de acceso de la vivienda?», interrogó. También manifestó la necesidad de que la futura Ley del Suelo sea aprobada «por consenso» y recordó que precisamente la falta de acuerdo fue lo que motivo al Ejecutivo de Jaume Matas a no sacar adelante su texto en la pasada legislatura. Pidió al Govern que sea «consecuente» con su discurso proteccionista y añadió que los partidos de izquierdas «hablan de medio ambiente desde la oposición, pero no les importa cuando están en los despachos».
Desde el Grupo Socialista, Joan Boned criticó duramente la política urbanística del PP, «especialmente grave en Eivissa, donde se ha repartido territorio entre amigos y se ha fomentado la construcción en suelo rústico», y subrayó que la anterior legislatura estuvo «envuelta de escándalos especulativos» y que éstos «se permitieron por acción u omisión desde la administración». La representante de ExC, Marián Suárez, subrayó la importancia de corregir el rumbo marcado por el PP, dado que la territorial es una política con efectos «irreversibles».