El titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Palma, Víctor Fernández, ha recibido días atrás las primeras solicitudes de concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) de familias de Balears que, debido al aumento de los tipos de interés registrado en los últimos meses, no pueden pagar el importe mensual de sus hipotecas. Este hecho, inédito hasta ahora en sede judicial, será analizado por el juez Fernández y otros especialistas en el transcurso de unas jornadas que se celebrarán el jueves en el Colegio de Abogados de Palma bajo el título, «La Vivienda: un derecho justo».
Las familias que han recurrido a la Ley Concursal habían constituido hasta tres hipotecas sobre sus respectivas viviendas, según explicó el titular del Juzgado de lo Mercantil, con el objetivo de hacer frente a sus compromisos económicos.
El hecho de suscribir dos o tres hipotecas sobre el inmueble era, hasta ahora, un hecho habitual, ya que de esa manera, las familias podían reunificar sus créditos y negociar cuotas mensuales más bajas.
Pero, como la situación económica ha empeorado (el juez Fernández se negó a emplear el término crisis), los bancos han cerrado el grifo y ya difícilmente aceptan la vivienda como garantía.
Ante esta nueva situación planteada en Balears (familias que no pueden pagar sus hipotecas y que presentan concurso de acreedores), el titular del Juzgado de lo Mercantil de Palma tiene por delante durísimas negociaciones con las entidades bancarias con el objetivo de evitar la liquidación de los bienes de los deudores.
Los bancos, como estipula la nueva Ley Concursal, tiene derecho preferencial sobre la liquidación de la deuda. Es decir, si no hay acuerdo, todos los activos de la familia serán ejecutados por las entidades bancarias, que serán los únicos acreedores que cobrarán.
El juez, asimismo, confirmó que desde que entró en vigor la Ley Concusal (2004), muchas familias habían presentado concurso de acreedores para renegociar el importe de sus créditos, aunque, hasta ahora, ninguna lo había hecho para pagar hipotecas. Se refirió, en concreto, a un aumento exponencial de concursos de personas físicas (que reciben el mismo tratamiento de las personas jurídicas) en los últimos meses, todos ellos, con el objetivo de evitar el embargo de las entidades de crédito.
Toda esa nueva coyuntura relacionada con la vivienda en su contexto social, legal y económico será abordada en las jornadas del jueves por destacados especialistas, entre ellos, el abogado Fausto Oviedo, el asesor fiscal Jorge Sainz de Baranda, el fiscal de Medio Ambiente Julio Cano y el juez de Familia Joaquín Segovia.
Encarecimiento
El encarecimiento de los precios de las viviendas, la cada vez mayor complejidad jurídica de los actos de transmisión y el desconocimiento social de las cargas y tributos que gravan los bienes y que condicionan su tráfico civil y mercantil, serán, entre otros, los temas que debatidos por los ponente.
Según el juez Fernández, los primeros concursos de acreedores presentados por las unidades de familias que no pueden abonar el importe mensual de las hipotecas, también serán objeto de análisis por lo que implica de cambio de rumbo de lo que hasta ahora era una indiscutida bonanza económica en Balears.
De acuerdo a los últimos datos, el incremento de los tipos de interés este año ha afectado a unas 200.000 familias de las Islas, que han tenido que hacer frente a aumentos significativos de las cuotas de los créditos.