Los servicios jurídicos y urbanísticos de algunos ayuntamientos de la isla están teniendo dificultades para saber en qué casos deben aplicar la moratoria, ya que el texto puede dar pie a diferentes interpretaciones. Uno de ellos es el Ayuntamiento de Santa Eulària, donde están estudiando el caso de tres edificaciones que se están levantando en Roca Llisa y que no saben si tendrían que ser paralizadas en virtud del decreto. Por este motivo, han solicitado una aclaración al Govern para que les diga si hay que pararlas, porque son obras que ya están a punto de finalizarse. Por lo demás, no tienen constancia de que haya ninguna licencia pendiente de ejecutar ni en Àrea Natural de Especial Interés (ANEI) ni en el resto de Roca Llisa, ya que, aunque había peticiones de licencia pendientes de dar, éstas no cumplían los parámetros establecidos por las normas transitorias que rigen actualmente en este municipio.
El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Marí, Carraca, también tiene dudas. Incluso aseguró ayer que se está planteando pedir al Consell Consultiu que dictamine sobre esta cuestión y no descarta pedir información a los servicios jurídicos del Consell. «Hay licencias dentro de es Amunts que habrá que suspender», dijo el alcalde, que indicó que hay «vacíos legales» que no saben cómo interpretar. «¿Esto quiere decir que cuando ya se hayan comenzado las obras y los ciudadanos estén hipotecados se les van a parar?», se preguntó el primer edil, que no supo precisar cuántas licencias pueden estar pendientes de ser concedidas en ANEI.
En Sant Josep sí que tienen más clara su aplicación porque en Cala d'Hort no había ningún proyecto en marcha y en Punta Pedrera la urbanización ya se había paralizado previamente por otros motivos. En cuanto a las zonas ANEI todavía no se ha analizado. Según el concejal de Urbanisme, Josep Antoni Prats, habrá que estudiar si afectan a «las peticiones que entren después de la publicación del decreto ley o si son todas las que estaban en tramitación». De todas formas todavía no saben cuántas peticiones puede haber ahora mismo en este tipo de suelos.
Según explicaron fuentes del Ayuntamiento de Sant Antoni, la repercusión en su municipio es muy poca porque sólo afecta a las ANEI que pueda haber en es Amunts, aunque advirtieron que no existe coincidencia de interpretación jurídica en cuanto al decreto ley por lo que hay casos particulares que podrían acabar en los tribunales.
Ante esta situación, el Consell emitió ayer un comunicado en el que recordó que la prohibición de realizar obras se limita a Benirràs, Punta Pedrera, Roca Llisa y Cala d'Hort. En estos lugares «no se pueden ejecutar los planes parciales o proyectos de urbanización, ni conceder o ejecutar licencias de edificación». En cambio en las Àreas Naturales de Especial Interés (ANEI) se ha suspendido el otorgamiento de licencias pero en ningún caso se paralizan las obras que ya se estén levantando. Por lo tanto, los ayuntamientos no tienen por qué paralizar las viviendas unifamiliares que se estén levantando ya en estos espacios protegidos.