La Asociación de Constructores de Balears desconoce el proyecto de ley de vivienda que está ultimando el Govern pero solicita medidas a corto y medio plazo que permitan a los promotores «oxigenar» sus empresas y paliar la «asfixia financiera» a la que están sometidas algunas empresas del sector, circunstancia que se está agravando en los últimos meses como consecuencia del parón en la concesión de créditos por parte de las entidades financieras, según afirmó ayer el director general de la patronal, Manuel Gómez.
«Hay que tomar medidas que permitan a los promotores oxigenar sus empresas, reducir sus stocks de viviendas y disminuir sus cargas financieras; si esto no es así, muchas empresas quedarán económicamente asfixiadas», afirmó el gerente de la Asociación de Constructores.
La patronal solicita en primer lugar que se incrementen las densidades de construcción permitidas por solar (número de pisos) para reducir la repercusión del valor del suelo en el precio de la vivienda. Aseguran que en caso contrario el precio de la vivienda quedará fuera de las posibilidades de compra de los ciudadanos, máxime tras los sucesivos incrementos de los tipos de interés.
«Muchos promotores compraron suelo urbano hace meses a precio de mercado; pero ahora, su repercusión en el valor de la vivienda, hace imposible que se vendan los pisos», manifiesta el director de los Constructores.
La patronal de las constructoras solicita al mismo tiempo a las diferentes administraciones que satisfagan los pagos por obra pública ejecutada y que no se retrasen, una circunstancia que está afectando a unos cuarenta empresas de las Islas. Algunas de estas empresas se han visto obligadas a contratar pólizas de crédito para mantener su actividad.
Los constructores piden al mismo tiempo a los ayuntamientos que reduzcan los plazos de concesión de licencias de obras, que en la mayoría de los casos se prolongan entre seis y siete meses con lo que contribuyen a agravar la situación del sector.
La Asociación de Constructores de Balears afirma que desconoce los borradores de las leyes de vivienda, de barrios y del suelo, pero señalan que no se pondrá un sólo ladrillo en el marco de estas iniciativas hasta finales de 2009.
La patronal reitera en este sentido que el sector de la construcción requiere de medidas a corto plazo para mantener la actividad durante los dos próximos años.
En relación a la posible construcción de viviendas sociales en suelo rústico, Antich reconoció que Estaràs le había solicitado que se eliminase esta posibilidad en la ley de la vivienda que hoy aprobará el Govern. Antich rechazó la petición de Estarás, aunque en la rueda de prensa posterior al encuentro dejó claro que la construcción en suelo rústico «es la última opción».
Estarás manifestó que el urbanismo debe ser «transparente» y, por tanto, esperó que el estudio que se realice de las Àreas de Reconversión Territorial incluidas en el Plan Territorial de Mallorca se haga con «luz y taquígrafos» y que, por tanto, no se lleve a cabo «a golpe de presión» por parte de unos ayuntamientos u otros. La líder del PPdijo que gracias a la presión de su partido se había conseguido la máxima protección para Cala Blanca y Cala Marçal Vell.