La Ley de medidas urgentes para la protección del territorio que preservará Roca Llisa, Benirràs, Punta Pedrera y Cala d'Hort incluye la obligación de crear un consorcio entre Govern y Consell en el que también pueden participar los ayuntamientos y que servirá para recuperar paisajísticamente las zonas protegidas y para el pago de indemnizaciones o en su defecto compensaciones a los propietarios con otros terrenos.
Este punto de la ley ha generado suspicacias tanto en el PP como en el propio PSOE. Según explicaba esta semana el parlamentario socialista Joan Boned, en el texto final tienen que quedar muy claras las funciones de este órgano y por qué sólo se crea en Eivissa. También el alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, anunció que el PP presentará una enmienda porque no quieren que los ayuntamientos tengan que pagar ni un sólo céntimo por esta preservación.
El conseller de Política territorial, Miquel Ramon, sin embargo, considera que el consorcio es una buena herramienta y que hay una «cierta confusión» sobre las indemnizaciones. «Las responsabilidades patrimoniales corresponderán exclusivamente al Govern; ni el Consell ni los ayuntamientos tendrán responsabilidades», matizó Ramon, que recuerda que en la ley se da la posibilidad a participar a las entidades locales para que puedan opinar sobre «la resolución de conflictos» que se puedan derivar. «Esto me parece muy interesante, pero si los grupos parlamentarios consideran que se tiene que eliminar o cambiar el contenido eso ya está en sus manos», agregó el conseller, que recuerda que las condiciones de Eivissa eran «peculiares y diferentes» a las de Mallorca. De todas formas el Govern también quiere crear esta figura para dos espacios de Andratx, en Mallorca.
En el texto actual también se especifica que el consorcio promoverá la tramitación de planes especiales para la ordenación de cada zona.