La consellera d´Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern balear, Fina Santiago, se ha reunido con familias de Senegal, y en breve lo hará con otras de Mali, asentadas y regularizadas en Balears con el objeto de proponerles el acogimiento de menores de su misma nacionalidad llegados en patera a Canarias a cambio de una ayuda económica.
«La idea es aprovechar la red familiar para la acogida de estos menores, y para ello queremos llegar a un acuerdo con familias o bien unidades de convivencia del país de origen de esos chicos, que en su mayoría son de Senegal y Mali, para que se hagan cargo de un chaval de 16 o 17 años», apuntó. De salir adelante, el proceso se realizará en colaboración con los consells y permitirá ampliar la solidaridad con Canarias «que de forma constante reclama ayuda al resto de comunidades en este sentido».
Las familias que acepten deberán ser valoradas y después se contactará con el Estado para llegar a algún acuerdo, aunque esa parte está aún por definir, con lo que «esperamos que para final de año se pueda poner en marcha esta iniciativa».
En estos momentos la Comunidad Canaria acoge a más de 1.000 menores inmigrantes llegados a sus costas, de los que unos 120 están distribuidos en diversas comunidades, sobre todo en Castilla y León. La primera vez que la Comunitat balear se hizo cargo de menores llegados a Canarias fue en diciembre de 2006, cuando el anterior Govern del PP negoció con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la llegada de 10 chicos de entre 13 y 17 años, originarios de Mali, a cambio de la financiación del Gobierno central de 80 euros diarios por menor acogido.
Pero, estos diez primeros menores no han sido los únicos acogidos en nuestras islas, pues desde entonces algunas plazas que han ido dejando vacantes tras cumplir los 18 años han sido ocupadas por otros chicos también llegados a Canarias.
Ahora, la idea del actual Govern va más allá de limitar la solidaridad entre comunidades al número de plazas disponibles o a la financiación estatal, «por eso queremos aprovechar que en Balears residen de forma legal familias de la misma nacionalidad, que pueden ofrecer a esos chicos una vía de integración mucho más fácil y efectiva, al convivir desde su llegada con personas de su misma cultura y lengua».
Declaración de guardia
Cuando estos chicos llegan a una comunidad, explicó Santiago, se hace una declaración de guarda y si en un tiempo establecido por la ley ningún familiar les reclama son tutelados por la administración pública, en este caso por los consells insulares, y se les lleva a una residencia para menores no acompañados. Allí se trabaja con ellos habilidades formativas (nociones de albañilería, fontanería, pintura, etc), se les da clase de castellano y se les escolariza. Permanecen en la residencia hasta que cumplen lo 18 años, momento en que, en virtud de la Ley de Extranjería, si han tenido un proceso adaptativo positivo, el Servicio de Protección de Menores puede redactar un informe favorable solicitando que por razones humanitarias se le regularice. Entonces, se les concede un permiso de residencia de un año, tiempo en el que deben encontrar trabajo para luego seguir los pasos de renovación de documentación de cualquier otro extranjero. Durante ese primer tiempo están en pisos de emancipación, hasta que son capaces de valerse por sí mismo.
Las competencias sobre inmigración recaen casi totalmente, en la Administración Central, que es quien dota mayoritariamente a los gobiernos autónomos. El Ejecutivo balear, como los demás ejecutivos comunitarios, dispone de competencias menores, tales como orientar sobre trámites a las personas inmigradas, relacionarse con las diversas comunidades asentadas en la zona e incluso aprobar planes. Pero no tiene competencias sobre regulación ni puede establecer cupos de empleo.