El president del Govern, Francesc Antich, explicó ayer en el Parlament que su gabinete deberá presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que obliga al Ministerio de Fomento a cumplir «en parte» el convenio de carreteras que fue anulado unilateralmente por la ministra Magdalena Alvarez. Antich explicó que dicho recurso buscará por la vía judicial que se acepte lo «que no dice la sentencia». Es decir, la cantidad con la que debe compensar el Ministerio de Fomento al Govern por la anulación unilateral del convenio de carreteras.
«Lo que corresponde a un presidente es cumplir con la justicia. La ministra debería haber ingresado las anualidades que quedan por llegar. No se coloque al lado de la ministra. El tiempo nos ha dado la razón», señaló Estaràs en su pregunta. En la respuesta, Antich contestó: «Yo conozco la sentencia y haremos todo lo posible para que se aplique sin perjuicio de que creemos que una parte de la demanda no ha sido aceptada. Presentaremos un recurso para que se acepte lo que no dice la sentencia», señaló el president balear.
Un «gobierno amigo»
En la réplica, Estaràs garantizó a Antich que si el recurso de casación se presenta para cobrar el dinero de las carreteras, tendrá el apoyo del PP. «Dice mucho que tenga que ir usted a los tribunales. No es lo que se espera de un gobierno amigo. También dijo que se firmaría el convenio de tren, pero no llega. Le pido que en la comisión bilateral incorpore un miembro del PP para defender el dinero del convenio. A esto se le dice diálogo y democracia, pero ahora mismo no tenemos garantías de que su conseller defienda a los ciudadanos de Balears. Tiene más ganas de dar la culpa al PP que de cobrar el dinero del convenio de carreteras», acusó Estaràs.
En su segunda intervención, Antich recordó que el presupuesto de las carreteras fue muy superior a las cantidades que había en el convenio de carreteras. «Había 233 millones de presupuesto y llegaron a los 333 millones. La del aeropuerto de Eivissa estaba presupuestada por 3 millones y estamos por 70 millones. El Palma Arena ha costado 40 millones de euros más. Por eso estoy preocupado. Tenemos que justificar todos los líos que han dejado ustedes. Vaya lío que nos han dejado», clamó el president del Govern.
La diputada Mabel Cabrer presentó al actual titular d'Obres Públiques, Jaume Carbonero, una pregunta similar del convenio de carreteras. Cabrer pidió a Carbonero que defienda los intereses de los ciudadanos de Balears.
El Parlament aprobó ayer la Ley de la Vivienda, ratificando el acuerdo unánime alcanzado por todas los Grupos el 16 de abril, que permitirá al Govern construir 5.000 pisos de protección oficial durante la presente legislatura.
Durante el Pleno, en el que no hubo debate, se ha dado el visto bueno a la normativa, que finalmente impide que los municipios puedan crecer más allá de los límites marcados por los Planes Territoriales Insulares (PTI).
La nueva Ley también contempla, a petición de los constructores y promotores, la posibilidad de edificar en suelo urbano viviendas de protección oficial a partir de 60 metros cuadrados, lo que supone 20 metros menos que lo que se establecía inicialmente.
El Grupo Popular ha mostrado en repetidas ocasiones su preocupación porque las «disputas» entre los miembros del Pacte puedan impedir que se pueda satisfacer la demanda de VPO, al no poder exceder los límites de los PTI.
El diputado Pep Mayans expresó ayer en el Parlament la petición del presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, sobre el reparto de los fondos estatales que se destinarán a las Islas en el cumplimiento de la disposición transitoria novena. En este sentido, el conseller de Economía, Jaume Maneras «dijo que las peticiones son justas y aceptables». Sin embargo, el conseller explicó que en este caso, «los fondos del Estado los ejecuta el Estado y que la tarea del Govern es recoger las peticiones de los Consells, como en este caso, y observar si se ajustan y enviarlas a Madrid».
La diputada del PP Carmen Castro criticó ayer el sistema sanitario en esta nueva legislatura y destacó la presión asistencial que tienen los médicos, «con 32 pacientes al día por cada facultativo». Asimismo, además de preguntar qué ocurre con las obras de los centros de salud de Sant Josep y Sant Jordi, la diputada señaló que la propuesta de organizar un concurso de ideas para el nuevo hospital «es para ganar tiempo». Por su parte, el conseller de Salut i Consum, Viçens Tomàs reconoció que la situación sanitaria de Eivissa «es mejorable» y destacó que el concurso de ideas está enfocado a adaptar «de la mejora manera el nuevo hospital a Can Misses».