El conseller balear d'Obres Públiques, Jaume Carbonero, explicó ayer que todavía quedan por resolver trece pleitos judiciales con expropiados de las autovías de Eivissa, aunque matizó que están suspendidos para «intentar llegar de una forma rápida a un mutuo acuerdo con los afectados» a través de la oficina de atención a los expropiados, de la colaboración con el Consell y con el «diálogo constante».
Carbonero dio esta cifra como respuesta a una pregunta parlamentaria sobre la indemnización que deberá pagar el Govern al expropiado Antonio Ros en base a una sentencia del TSJ que condena al Ejecutivo autonómico por no haber realizado los trámites correctamente en su día. «Lógicamente pensamos acatar la sentencia y cumplirla, de hecho ayer mismo nos reunimos con el señor Ros Marí e iniciamos conversaciones para llegar al mutuo acuerdo», explicó Carbonero, que atribuyó esta sentencia a la «negativa» situación de «enfrentamiento entre los ciudadanos y la Administración» que se dio durante la construcción de las autovías.
La parlamentaria socialista Maria Torres indicó que «es positivo» que el nuevo Govern tenga «capacidad de diálogo» hacia los afectados después de que en la pasada legislatura «se mantuviera una posición de arrogancia y falta de respeto hacia esta gente». Torres criticó el «desprecio» y el «tratamiento como delincuentes» que, a su juicio, recibieron tanto los propietarios de los terrenos expropiados como la gente que les apoyaba. «Ahora se ha demostrado que era una actitud legítima en defensa de su tierra e irregular de la Administración, porque en la sentencia se habla de omisión de trámites esenciales en la expropiación», expresó la diputada socialista, que indicó que es la primera resolución que da la razón al propietario y condena al Govern a pagar unas indemnizaciones que «ahora tenemos que pagar todos». Torres lamenta este último punto porque considera que quien debería haber abonado este dinero son «los responsables políticos» que profirieron «insultos intolerables» contra los afectados.
El conseller Carbonero recordó que en su primera visita a Eivissa pidió «disculpas» en nombre de la Administración a los afectados por las carreteras y ahora se ha vuelto a pedir perdón por los «perjuicios» que se provocó a algunas personas. «Esta sentencia es consecuencia de la forma en que se hicieron las cosas en Eivissa, con un impacto territorial inadmisible y una confrontacion social que nunca se tendría que haber producido con los afectados», expresó el conseller, qeu indicó que la «herida territorial» es imposible de resarcir, pero la «herida social» se tiene que ir cerrando «entre todos».
El ex presidente del Consell Pere Palau dijo hace escasos días que aplaudía el pago de esta indemnización aunque añadió que hay muchas resoluciones judiciales en sentido contrario.
El presidente del Consell, Xico Tarrés, explicó en declaraciones a Radio Ibiza Ser que parte de la carretera de Santa Eulària deberá desdoblarse para evitar los colapsos de tráfico. «No pensamos que el desdoblamiento sea la solución, algún tramo evidentemente que sí, pero en otros para nosotros hay cosas prioritarias, como los viales de ciclistas que en un futuro pueden dar muchísimo juego en esta isla», señaló el presidente, que indicó que el convenio de carreteras todavía no se ha firmado con el Ministerio de Fomento porque se le están introduciendo modificaciones. Tarrés resaltó que tampoco Mallorca y Menorca han empezado a desarrollar el convenio pese a que lo firmaron con Fomento porque también quieren poder controlar las obras desde las islas. En Eivissa decidimos tomar un camino distinto que al final se está viendo que era el correcto», insistió.