El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Marí, Carraca, explicó ayer que la Policía local constató hace dos días que la empresa que estaba haciendo obras en Benirràs ha cesado los trabajos, unos movimientos de tierras que según el Consell estaban incumpliendo la ley de protección territorial. Desde la inmobiliaria alegaban que estaban construyendo legalmente porque se acogían a una disposición adicional de la ley de interpretación confusa. Sin embargo, desde la máxima institución insular llevan días reclamando al Ayuntamiento de Sant Joan que paralice estas obras por entender que se está infringiendo la ley de protección territorial.
El alcalde no había paralizado los trabajos porque estaba a la espera de sus propios informes jurídicos y de que el Consell le enviase el suyo. El problema ahora es que los informes municipales no hacen la misma interpretación jurídica que el Consell. «Los nuestros tienen un punto de vista diferente», dijo Marí, que no quiso aclarar si los del Ayuntamiento entienden que las once licencias dadas en Benirràs se pueden ejecutar. En vista de esta situación, el alcalde ha pedido una reunión con el Consell y sus técnicos para «unificar criterios». «No puedo adelantar si se podrán ejecutar o no las licencias porque los informes no coinciden y cuando nos sentemos a unificar criterios ya veremos», expresó el edil, que indicó que «si no hay nadie trabajando y no hay ninguna piedra que caiga podremos esperar perfectamente a la reunión». De todas formas, el alcalde atribuyó la paralización de los trabajos a una decisión de la empresa y no a que el Ayuntamiento haya paralizaado nada.
Desde el Consell confirmaron que habrá una reunión próximamente y que los trabajos han cesado en Benirràs.
El conseller de Ordenació del Territori, Gabriel Vicens, ha enviado una carta a los alcaldes de Sant Joan, Sant Josep y Santa Eulària y al presidente del Consell para informarles de que el Govern tiene la «voluntad firme» de impulsar el Consorcio de Reconversión Territorial y Paisajística. Este consorcio, contemplado en la ley de medidas urgentes, tiene que promover la tramitación de planes especiales para trasladar los derechos urbanísticos afectados a otras zonas de menor valor ambiental, además de ordenar las zonas protegidas. A través de la carta el conseller pide a los alcaldes que participen activamente y qeu aporten sugerencias. Los estatutos del consorcio se están elaborando actualmente.