La Audiencia Provincial ha absuelto al propietario de Herbusa, Vicente Bufí, y a su gerente, Antonio Ribas, por considerar que no son responsables de un delito contra el medio ambiente en la gestión del vertedero insular de Ca na Putxa. Tanto el fiscal como la asociación Hábitat y Basuras habían solicitado penas de cuatro años y seis meses de prisión para cada uno de ellos.
El tribunal considera que pese a que ha quedado demostrado que la contaminación alcanzó el acuífero subyacente al vertedero, no existió «dolo», o intención de realizar ese vertido y consideran que los responsables de la empresa Herbusa reaccionaron rápido a las denuncias al saber que podía haber contaminación. Tampoco creen que la contaminación producida fuera grave.
Pese a que el tribunal rechaza diversas pruebas periciales, sí que hay informes que constatan una «clara correlación entre la contaminación orgánica de las aguas del pozo» y los residuos del vertedero. Ello podía ser debido a las explosiones de canteras próximas, que contribuyeron a fracturar el terreno, lo que habría propiciado esa contaminación del subsuelo.
Los jueces consideran además que el carácter del vertido «queda acreditado» y que es «llano» que no consta licencia administrativa concedida ni al padre del señor Bufí, ni a Herbusa SA, además de que faltan otras autorizaciones preceptivas. «Posiblemente sólo una pasividad o inercia arrastrada desde décadas, primero por el padre de Vicente Bufí, después por Herbusa SA, asentada en el beneplácito y aquiescencia municipal y autonómica, a cuya luz, vista, y paciencia se desarrollaba la actividad de vertidos, impidió su legalización», porque desde el tribunal se considera que seguramente podrían haber obtenido esos permisos sin problemas.
Pese a ello, los magistrados no ven peligro de «grave perjuicio del equilibrio de los sistemas naturales» o que la actuación sea dolosa o intencionada y es por ello que se absuelve a los responsables de Herbusa. Se basan en un dato, y es que el volumen total de reservas del acuífero es de 1,8 millones de metros cúbicos, cuando el volumen de entrada del lixiviado procedente del vertedero representaría el 0,006 por ciento del volumen total. Esta cantidad es considerada «muy pequeña e insignificante». Por eso los jueces concluyen que la contaminación del agua no es «grave» y además, está «descartado el riesgo de grave peligro o perjuicio para la salud de las personas».
El tribunal considera también que en un principio no se apreciaban los lixiviados y después «les era imposible adivinar» que esta contaminación se pudiera trasladar al flujo de agua subterránea. «Tampoco era posible sospechar la eventual incidencia en la fracturación del terreno debida a las explosiones de canteras próximas», añaden los magistrados, que aseguran que cuando se vio que podía haber contaminación la reacción de Herbusa «es inmediata», aunque quizas los medios para evitar peligro de infiltración no fuera al 100% eficaz.
Sentencia «lógica»
El gerente de Herbusa, Antonio Ribas, mostró ayer su satisfacción en Radio Ibiza y consideró que se trata de una «sentencia lógica» porque desde la empresa siempre habían hecho «lo posible» para modernizar las instalaciones.
Este vertedero ocupaba una superficie de 75.000 metros cuadrados en 1.999 y setá situado en el lecho de una antigua torrentera. Funciona desde 1960, cuando lo gestionaba el padre de Vicente Bufí. Fue en los 90 cuando aparecieron los lixiviados. Se comenzó a investigar judicialmente en 1989 tras una denuncia de la asociación Sial.
A falta de un análisis más pormenorizado de la sentencia, el abogado de la asociación Hábitat y Basuras, Carlos Serrano, indicó que la primera impresión es de «decepción» ante el fallo del tribunal. «Llevábamos mucho tiempo luchando», expresó Serrano, que indicó que ahora habrá que estudiar la sentencia y ver si se puede recurrir porque el recurso de casación es «muy técnico y muy complejo» y hay que ver «si es factible». Hábitat y Basuras ha denunciado durante años la situación del vertedero y ha ejercido la acusación popular durante el juicio.