BÀRBARA MUNAR
La Federación de escoletes de Balears, que incluye las guarderías de Eivissa, Menorca y Mallorca, está estudiando junto a su gabinete técnico de abogados si hay posibilidad de impugnar el decreto que regula el funcionamiento de las guarderías. Una normativa que fue aprobada el pasado dos de mayo en el Consell de Govern y que regula diferentes aspectos como la titulación de los profesionales, las medidas de las aulas o bien la ratio de alumnos por clase.
La presidenta de la Asociación Pitiusa de Escoletes, Rosario Doradol, explicó ayer que las guarderías aceptan algunos puntos de la normativa porque se «ha realizado un plan de formación que favorecerá que haya más calidad en el sector», pero al mismo tiempo, denunció que hay «algunos vacíos legales». Por este motivo desde la Federación balear se está estudiando si hay «algún punto que no se acoge a la legalidad» para así, poder impugnarlo.
Más costes
El colectivo critica principalmente que la normativa amplía las medidas de las aulas pasando de 30 metros cuadrados a 40, al mismo tiempo que reduce la ratio de alumnos. Esto obligará a los centros a realizar obras o bien, a reducir el número de alumnos por clase, lo que implicará una disminución de ingresos porque «los costes de personal y de infraestructuras seguirán siendo los mismos». La única salida que ven las escoletes privadas es ampliar el precio para mantener los beneficios. Asimismo, «otros aspectos que quedan en el aire» son que, según Doradol, el decreto no aclara si «los centros que ya están abiertos y no se adaptaron al anterior decreto, podrán seguir funcionando». Por último, un aspecto muy importante que «no se ha aclarado» es que de momento el Govern no ha anunciado ayudas para que las guarderías privadas puedan realizar las obras de adaptación a la nueva normativa. Por estas razones, la Federación está estudiando si se puede objetar esta normativa.