La Delegación del Gobierno en Balears ha ordenado el cierre por un periodo de dos meses de «la discoteca DC-10», informó ayer esta administración a través de un comunicado. La decisión es consecuencia de las acciones emprendidas a partir del año 2005 por el entonces director insular, José Manuel Bar, que inició los trámites para penalizar a este local por tolerar en sus instalaciones el consumo de sustancias estupefacientes, según recuerda la Delegación del Gobierno en su comunicado.
La temporada pasada Bar ordenó el cierre de DC-10 y otras dos discotecas por permitir el consumo de drogas. Sin embargo, DC-10 consiguió eludir el precinto gracias a un auto del juzgado contencioso administrativo número 3 de Palma que decidía «mantener en suspenso la resolución atendiendo a un posible perjuicio económico y laboral y para asegurar una tutela efectiva a sus derechos e intereses».
El proceso
Ahora, después de que «finalmente el juzgado estimara el recurso del Abogado del Estado al desprecinto del local dictado por auto del juzgado de lo contencioso administrativo en junio de 2007», la Delegación del Gobierno «ha decretado de nuevo y notificado a los propietarios la suspensión de actividades de la discoteca DC-10 de Eivissa».
Según recuerda la Delegación del Gobierno en su comunicado, remitido desde Mallorca, «el procedimiento tiene su inicio en septiembre de 2005, cuando se interpusieron dos denuncias de la Guardia Civil por tolerar el consumo de sustancias estupefacientes en la discoteca DC-10». «Al ser el local reincidente y sancionado por los mismos hechos en mayo de 2005», continúa la Delegación del Gobierno en Balears, «en agosto de 2006 se le impuso una sanción económica de 6.000 euros y se decretó la suspensión de actividades por un periodo de dos meses, precinto que finalmente no se llevó a cabo por la resolución del juzgado contencioso administrativo.
Recurso
A partir de ayer, los responsables del DC-10 cuentan con un plazo de «cinco días hábiles para cerrar voluntariamente su local y comunicarlo a la Guardia Civil para que levante la correspondiente acta de precinto». «En caso contrario», se advierte el comunicado, «se tendrá que proceder a la ejecución subsidiaria por la Delegación del Gobierno mediante la correspondiente resolución».