El presidente de la Autoritat Portuària de Balears, Francesc Triay, junto con la consellera balear de Pesca, Mercè Amer, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Vila, Emilio Benítez, inauguró ayer la nueva lonja y edificio de servicios para pescadores de Eivissa.
El nuevo edificio, levantado sobre los dos anteriores existentes que han sido derruidos en parte, ofrece 970 metros cuadrados de superficie para el sector pesquero de la ciudad, unas instalaciones que incluyen punto de subasta de pescado, cámaras frigoríficas, fábrica de hielo y salas propias para cada uno de los cofrades.
El representante de los pescadores destacó la importancia «de unas instalaciones que venimos reivindicando desde hace años y que esperamos que sean el punto de apoyo que el sector necesita para salir adelante». Por su parte, la consellera de Pesca resaltó la importancia de un «sector estratégico» para la Comunitat y resaltó las medidas que se están barajando desde las diferentes administraciones, incluida la Unión Europea, para tratar de ayudar al sector a salir de la crisis, basada en en el incremento de los combustibles.
Triay aprovechó también su visita a Eivissa para reunirse con representantes del Consell Insular y del Ayuntamiento para tratar de limar asperezas respecto a la ampliación del puerto. En este sentido, Triay, quien aseguró que entre las instituciones «hay muy buena sintonía», anunció que en septiembre se creará una comisión tripartita «que irá analizando escalonadamente tanto las obras en el dique de es Botafoc como toda la reforma interior del puerto».
«La Autoritat cree que el proyecto que ha presentado es el adecuado a las necesidades de Eivissa según criterios técnicos. Además tiene todos los permisos, por lo que jurídicamente podríamos empezar ya a licitar las obras pero, por oportunidad política, queremos llegar a un consenso y definir una obra con la que todo el mundo esté satisfecho», apuntó Triay, quien espera que las negociaciones sean rápidas, «con ligeras modificaciones y no grandes cambios» para que antes de fin de año se empiece la tramitación de la obra, un proceso que duraría medio año hasta el inicio de las obras.