BÀRBARA MUNAR
Después de casi 18 meses desde que se puso en marcha la ley de la dependencia, en Eivissa se han realizado 1.081 valoraciones. Según la consellera de Política Social i Sanitària, Patricia Abascal, en la isla ha habido un «'boom' de solicitudes» de las que más de un millar ya han sido valoradas. Abascal destacó que «cuando llegamos al Consell nos encontramos en una situación nula en la que no existía nada» y en la que «tuvimos que empezar de cero». Aseguró que en este último año, se ha aumentado la dotación de personal que realiza las valoraciones de dependencia, antes había dos y ahora seis, se han realizado cursos específicos para el personal y también se ha cambiado el sistema informático para adaptarse al de Madrid.
Una vez realizadas las valoraciones, el siguiente paso lo lleva a cabo la Fundación para la dependencia del Govern balear, en la que se confecciona un plan individualizado para cada persona. La consellera ha reconocido que hay un cierto retraso y que se tarda alrededor de seis meses en hacer la valoración.
Muchos errores
Por su parte, el conseller de la oposición, Vicent Serra, destacó que la normativa «tiene numerosos fallos». En primer lugar, afirmó que pese a que el Gobierno central tendría que haber empezado a aplicar la ley el pasado 1 de enero de 2007, no la puso en funcionamiento hasta mayo del año pasado. Asimismo, criticó que el Gobierno central todavía no ha desarrollado la normativa, es decir, «hay aspectos como los servicios o cantidades que se pagarán a las personas dependientes en función de su grado de dependencia que todavía no se conocen». Además, aseguró que está mal dotada económicamente.
A nivel balear, destacó el retraso en las valoraciones. «Mientras que la media estatal está en un 67 por ciento de las solicitudes, en Eivissa sólo se han realizado el 6%». Asimismo, dijo que pese a que la ley estipula tres meses para realizar la valoración, en la isla «se tarda más de seis».
Por último, reprobó la lentitud en el Consell d'Eivissa. «Todo está muy paralizado y va muy lento. Ha tenido que pasar un año para saber lo que sucedía con la residencia de Sant Antoni», denunció.
Esta semana se ha sabido que finalmente se rescinde el contrato con la empresa adjudicataria, pero no hay una fecha concreta para su finalización, posiblemente en 2009.
Todas las personas que quieran acceder a los servicios y prestaciones que establece la ley de dependencia, deberán tener nacionalidad española, estar en una situación de dependencia en alguno de los grados establecidos por la ley, vivir en España y haberlo hecho durante cinco años. De todo este tiempo, al menos dos años deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. La ley no establece un mínimo o máximo de edad para recibir las ayudas. No obstante, existen requisitos especiales para los menores de tres años.