Lo que hoy es una situación muy complicada mañana puede ser un drama. Cientos de inmigrantes legales e ilegales que han ocupado hasta ahora diferentes puestos en el mundo de la construcción hace meses que no trabajan y tampoco encuentran una salida para volver a sus países de origen.
El ejemplo más significativo se puede encontrar en los inmigrantes procedentes de Paraguay, un colectivo formado mayoritariamente por cabezas de familia que ha llegado a alcanzar en Eivissa las 1.500 personas, de las cuales más de un centenar ya han abandonado la isla por sus propios medios. Ellos han tenido suerte, pero quedan muchos que no pueden sacar dinero ni siquiera para el billete. Lo intentan con el programa de retorno voluntario que el Ministerio de Trabajo e Inmigración puso en marcha en 2002, que les ofrece el billete y hasta 400 euros, pero que ahora acusa falta de presupuesto. Éste es el caso de Bercelio Ozuna, un ciudadano paraguayo que hace dos años y medio dejó a su familia para trabajar en la isla en la construcción, algo que pudo desarrollar aunque no tuviera papeles. Ahora, hace dos meses y medio que no encuentra ni chapuzas. «Empecé los trámites del retorno hace un mes pero aún no tengo respuesta. El billete es caro y como estoy sin trabajo, lastimosamente, no tengo ni para volver. No es que me quiera aprovechar, es que no tengo, y hay muchos paisanos míos que están en la misma situación», explicó Bercelio, que está a punto de quedarse sin casa por no pagar el alquiler y que es consciente que Cáritas sólo le dejará dormir allí una semana. «Y después qué hago, me quedo en la calle», añadió.
La crisis golpea
Según el presidente de la asociación de paraguayos en Eivissa, Víctor Heym, la crisis de la construcción golpea directamente a este colectivo en el que se cuentan principalmente obreros, carpinteros, jardineros y todo lo relacionado con la edificación y sus derivados. Sin embargo, tampoco han encontrado trabajo en la hostelería, aunque sea para salvar el verano. «No se consigue nada, he trabajado tres años aquí y estoy buscando, pero no hay. Tengo mi residencia que vence en diciembre y un hijo que me está esperando en mi país. La situación está muy complicada porque tengo paro que apenas me alcanza para pagar el piso y enviar dinero a Paraguay», explicó, por su parte, Mario Dávalos, otro integrante de la asociación.
Según Víctor Heym, la Administración «ilusionó a la gente con el retorno voluntario pero ahora no tiene presupuesto». A esto suma «que la burocracia convierte en letra muerta la posibilidad que tiene el estado español para descomprimir la situación de los inmigrantes en situación irregular». Y ahora llegará el nuevo plan anunciado, pendiente de aprobación en septiembre, que propone que los extranjeros con residencia puedan cobrar en dos plazos el subsidio por desempleo que les corresponda por su trabajo a cambio de que vuelvan a sus países. Algo que los inmigrantes no saben cómo funcionará. «En el Ayuntamiento de Eivissa y el Consell nos tratan bien e intentan informarnos, pero cuando los papeles empiezan su camino hacia Palma y Madrid desaparecen», denunció Heym, que presentará un escrito en la próxima reunión de la plataforma de inmigrantes sobre la espada de doble filo que significa estar en la isla sin papeles, sin trabajo, es decir, en una situación muy precaria: «Por un lado, la policía les abre trámites de expulsión, les saca el pasaporte y a veces los detiene por 72 horas», y por el otro, la «administración aplica su monstruosa burocracia logrando que el inmigrante no pueda regresar a su país», concluyó Heym.
El Consell d'Eivissa acaba de abrir una oficina de información para temas de inmigración, Ofim, en el edificio de servicios sociales de Cas Serres. Se trata de una ubicación provisional para un servicio en marcha que cuenta con un equipo formado por una letrada, Mari Carmen Marín; un trabajador social, Ernesto Pardo, y un auxiliar administrativo, Jordi Carreres, encargados del asesoramiento a los extranjeros. «Es una oficina para cualquier tema relacionado con la inmigración y la verdad es que hay bastante demanda. Era algo necesario y una reclamación que llevaban haciendo hace tiempo las asociaciones de inmigrantes», apuntó la consellera de Asuntos Sociales, Patricia Abascal, que destacó que esta oficina trabaja en colaboración con los sindicatos y con Cáritas. Asimismo, la consellera destacó que la demanda de información sobre el retorno voluntario es alta.
Es el gran problema al que se enfrentan los inmigrantes que tienen residencia a punto de vencer y no pueden renovarla porque no encuentran trabajo. «La ley de extranjería no prevé esta situación», apuntó Heym, quien señaló que en épocas de bonanza laboral la renovación «era casi automática». «Tanto por obtenerla y ahora la pueden perder por una coyuntura como ésta», señaló el presidente de la asociación, quien destacó que en la misma situación se encuentran muchos uruguayos, argentinos y ecuatorianos.