Han perdido la batalla pero no la guerra. Así se ha tomado la patronal del taxi la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número de 1 de Palma, que desestima su petición de suspender cautelarmente el plan de licencias estacionales del taxi. Ya han recurrido el auto, pero, por ahora, según el presidente de los taxistas titulares de Vila, José Serafín, dejarán que «que el Consell se cuelgue las medallas».
Uno de los principales argumentos que la magistrada Sonsolez Lloría Gómez plasma en su resolución es el que apunta a que debe prevalecer el interés general frentes a intereses particulares, «que en este caso es que los usuarios cuenten con los transportes necesarios». Con esta resolución la jueza desestima la argumentación de los taxistas sobre las pérdidas económicas en el sector a causa del plan ya que, según señala en el auto, «son meras suposiciones que ni siquiera se han cuantificado en caso de ser ciertas, pues no han quedado acreditadas». Asimismo, la jueza indica «que dicho interés general también debe prevalecer sobre el interés particular de determinados ayuntamientos», en alusión a los consistorios de Sant Joan, Santa Eulària y Sant Antoni, que no apoyaron el plan de licencias estacionales, después de que en su petición la patronal señalara que el plan «daña los intereses públicos municipales» de estos tres consistorios.
Por otra parte, en su resolución la jueza desestima otra alegación de los taxistas en la que señalan que el plan «pone en riesgo a los usuarios del transporte público» dado que, según explican, «se permite realizar el transporte a personas que no reúnen los requisitos básicos para acceder a una autorización de transporte público, dejando así que cualquiera pueda desarrollar la actividad». Sobre esta alegación, la magistrada también apoya las argumentaciones del Consell y señala que, «para habilitar las licencias temporales se exigieron determinados requisitos que debían tener los aspirantes, garantizando que fueran competentes en el cumplimiento de sus funciones».
El conseller de Mobilitat, Albert Prats, señaló que la resolución de la jueza «es muy positiva» aunque destacó que «depende del colectivo de taxistas y de sus representantes» que el «enfrentamiento quede zanjado». «Por parte del Consell nunca ha habido un enfrentamiento sino una aplicación de sus competencias», apuntó el conseller, que entiende el auto judicial «como una muy buena noticia que viene a confirmar lo que venimos diciendo durante todo este tiempo. Supongo que supone un jarro de agua fría para sus representantes», agregó Prats.
Los argumentos
El conseller destacó que los prinicipales argumentos que presentó el Consell ante el juzgado hicieron referencia «a la ley redactada en 2005 que habilita al Consell para otorgar las licencias estacionales; a la ley estatal del año 1979 que dice que nuevas licencias deben ser para asalariados y no para titulares; y a la necesidad de servicio y el problema de los taxis piratas», además de argumentos técnicos «que dicen que el plan del Consell es un acto administrativo, para lo cuál tenemos competencias», explicó.
Albert Prats señaló que confiaba desde el primer momento «en que la resolución sería justa». «Siempre he dicho que el plan de actuación es más sólido que los planes de años anteriores, y lo he repetido porque es verdad. Entonces la resolución no hace más que hacer mucho más sólidos aún los argumentos», explicó Prats, que espera que los titulares de licencias «asuman que las administraciones públicas tienen unas competencias que han de aplicar con criterios de justicia», y que la resolución «sea el punto y final a este enfrentamiento».
El presidente de la patronal de Vila, José Serafín, señaló que aún no dispone de la documentación el juzgado pero criticó que el auto reflejara que «tres ayuntamientos tengan intereses particulares». «De qué estamos hablando si los ayuntamientos miran por los intereses de los ciudadanos», se quejó Serafín que destacó que los titulares ya «han presentado un recurso de apelación». El presidente de la patronal de Vila señaló también que no está de acuerdo con otra de las argumentaciones de la jueza que indica«que el Consell lo hace de buena fe». «Puede hacerlo de buena fe pero incumple la ley porque está incumpliendo el reglamento nacional y no puede dar licencias de taxis», agregó.
Serafín destacó que esto no es «una victoria para el Consell» y apuntó contra la alcaldesa de Vila, Lurdes Costa, porque «no se ha preocupado por los taxistas de Eivissa». Serafín destacó que no realizarán ninguna protesta ni paro, por el momento, y que dejarán que la justicia actúe. Cabe recordar que el enfrentamiento entre titulares de licencias y Consell se debe a que la patronal no está de acuerdo en que los permisos se repartan al 50% con los asalariados.