B.M.
El Partido Popular recalcó ayer, una vez más, que los contratos del director insular de Participació Ciutadana Paco Chamizo con la administración pública, «desde su nombramiento como alto cargo de la institución son irregulares».
Los populares recordaron que «el señor Chamizo posee el 67 por ciento de las acciones de la empresa Puntoiaparte» y que por tanto, «cualquier contrato que haya realizado con la administración pública es irregular porque su accionariado supera, por mucho, el límite del 10% que estipula la ley».
Sobre la prohibición para cargos políticos de contratar con la administración, los populares aseguraron que la «la legislación es muy clara» y que el «Director Insular, no puede contratar con el sector público desde el 1 de enero de 2008». En este sentido, el grupo popular exigió «transparencia y claridad en las actuaciones del equipo de gobierno».
Por su parte, el Govern del Consell de Eivissa lamentó ayer la actitud del Partido Popular, porque «pese a que el director insular de Relacions Institucionals cumple a la perfección la Ley de incompatibilidades, el PP continúa con su campaña de difamación pública».
El Consell afirmó en un comunicado que el Ejecutivo «ha puesto a disposición del Partido Popular toda la información referente a los intereses y actividades de todos los cargos del Consell, en un ejemplo de máxima transparencia» y destacó que «no hay nada que esconder por mucho que el PP quiera mantener esta campaña de persecución».
En este sentido, el Consell afirmó que «lo más grave» es que se trata de una campaña que la oposición utiliza para «atemorizar a las personas que quieran que se impliquen en los proyectos progresistas».
Finalmente, el Govern del Consell exigió ayer «una rectificación y disculpa pública, abierta y clara por las graves acusaciones realizadas en los últimos días (...) por unas acusaciones que no han existido nunca».
El Partido Popular denunció el pasado 8 de agosto que durante la anterior legislatura el Ayuntamiento de Vila adjudicó 366.000 euros a la empresa Puntoiaparte de Francisco Chamizo. Los populares aseguraron que hay más de 300 facturas emitidas por esta empresa entre 2004 y 2006, con cantidades inferiores a los 30.050 euros, cifra a partir de la que se deben adjudicar con concurso público.
Asimismo, según los populares, Chamizo cobró los 30.000 euros del nuevo logo de la institución cuando ya había sido nombrado en el cargo, aunque el pago se ordenó dos semanas antes