El grupo popular en el Ayuntamiento de Eivissa insistió ayer en su denucia por el trato recibido por la empresa Puntoiaparte, propiedad del director insular de Relaciones Ciudadanas del Consell d'Eivissa, Francisco Chamizo, y calculó que casi nueve de cada diez euros que facturó en 2005 «salían de las arcas municipales de Vila», del mismo signo político que la institución en la que ahora desarrolla un cargo de libre designación.
«La información del Depósito de Cuentas del Registro Mercantil correspondiente al ejercicio 2005 revela que la cifra de negocios de la empresa de Francisco Chamizo supuso un importe neto de 134.097,24 euros (22,3 millones de pesetas). Paralelamente, la relación de facturas abonadas por el Ayuntamiento de Eivissa a esta sociedad a lo largo de ese mismo ejercicio suma un montante total de 113.543,59 euros (18,9 millones de pesetas), lo que representa el 84,67 por ciento de los ingresos totales declarados por Puntoiaparte», especificaron ayer a través de una nora de prensa.
Según la documentación financiera de la empresa, 'Puntoiaparte' obtuvo unos beneficios netos de 1.347 euros en 2005 y 4.629 euros en 2006, a lo que los populares suman el salario «de su entonces socio único (14.526,26 euros en 2005 y 21.980,73 en 2006) y los bienes reales de la sociedad». «De hecho, el resultado entre ambos ejercicios experimentó una variación positiva del 243,50 por ciento y su rentabilidad económica, del 124,34 por ciento».
El grupo municipal en la oposición también recuerda que «Puntoiaparte tenía en el año 2004 una notificación por deudas del propio Consistorio, lo que hubiera sido causa de exclusión en cualquier adjudicación pública; ese ejercicio facturó al municipio 59.183,18 euros».
La consellera Pilar Costa afirmó que el Consell actuará «con tolerancia cero» hacia cualquier indicio de corrupción que hubiera podido producirse en la compra del solar adjunto al campamento de Cala Jondal en 2006 por parte del Consorcio Turisme Jove, entonces en manos del PP, a un precio seis veces por encima de otros terrenos públicos. La consellera, que se mostró «respetuosa y prudente» con la tarea emprendida por la Administración de Justicia, agregó que la institución pitiusa colaborará en todo aquello que precise dicha investigación con el fin «de que se llegue hasta el final para que las personas que intervinieron en esta operación expliquen a la ciudadanía cómo se ejecutó y si hubo irregularidades».