La 'Operación Pitiusa' continuó ayer con una nueva ronda de registros que comenzó en el departamento de Obras del Ayuntamiento de Sant Josep con un inventario de toda la documentación registrada en la investigación del lunes, y que continuó con más registros en los domicilios que la familia Huerta tiene en Cala Carbó y Sant Jordi.
A las 9,00 horas la Guardia Civil se personó nuevamente en el Consistorio josepí aunque no fue hasta las 10,30 horas, cuando llegaron los secretarios judiciales, que comenzaron con el inventario de toda la documentación debido a que no pudo ser requisada durante la primera jornada por la gran cantidad de expedientes encontrados y a pesar de once horas de registro. A media mañana se daba por concluida la investigación en el Consistorio con un saldo de 13 cajas llenas de documentos que partieron de camino al Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa.
Casi sobre la misma hora, otro grupo de agentes de la Guardia Civil comenzaba un nuevo registro en la propiedad de los detenidos por la supuesta trama de corrupción urbanística, Antonio Huerta Chamorro y su mujer, Pilar Fernández, hijo y nuera del ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz.
La casa, un adosado de cuatro plantas ubicado en la urbanización Ses Serretes de Cala Carbó, fue registrado durante más de dos horas en una investigación que concluyó con al menos once cajas de documentación y un ordenador requisados. Esta vivienda y toda la urbanización de la cuál forma parte fue el punto de partida de esta investigación al ser denunciada por el GEN-GOB (Grup d'Estudis de la Naturalesa) en 2005 por incumplir la edificabilidad y la normativa de zonas verdes. Además, en este domicilio, Pilar Fernández tenía la sede social Keltike, S.L. de la que es administradora única y a través de la cuál firmaba los proyectos arquitectónicos autorizados por su suegro durante su gestión como arquitecto municipal.
Esposados
Como ocurrió en los registros realizados el pasado lunes en los despachos profesionales, tanto Fernández como Huerta Chamorro y el abogado ambos, estuvieron presentes durante toda la investigación policial. Una vez terminó, pasadas las 13,00 horas, los detenidos salieron unidos por un sólo juego de esposas que cubrieron con prendas negras atadas hasta las muñecas. Después ingresaron rápidamente en una unidad móvil de la Guardia Civil y fueron conducidos hacia un nuevo registro que continuó por la tarde en la casa particular que el ex arquitecto municipal, Antonio Huerta Briz, tiene en la zona rural de Sant Jordi.
Según fuentes cercanas a la investigación, este segundo día de registros cierra por el momento la búsqueda de información documental, que comenzó el lunes en el Ayuntamiento de Sant Josep y en el despacho profesional que el ex arquitecto municipal tiene en el paseo Juan Carlos I de Vila.
Las mismas fuentes de la investigación apuntaron que durante la jornada del lunes también se registró otro despacho de la familia, con lo cuál sumarían un total de cinco registros realizados en 48 horas: el Ayuntamiento, dos despachos y dos viviendas particulares.
La 'Operación Pitiusa' ya cuenta con los dos primeros detenidos, el hijo y la nuera de Huerta, a los cuáles se le imputan al menos siete delitos como malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de dinero, tráfico de influencias, falsedad documental y negociación con funcionarios.
La operación está enmarcada en la investigación de una trama urbanística en el Ayuntamiento de Sant Josep entre 1998 y 2007, cuyo presunto cerebro es el ex arquitecto municipal, denunciado en 2006 por el Colegio de Arquitectos de Balears por un presunto delito de tráfico de influencias.
Agustinet: «Esperamos que todo se aclare lo más rápido posible».
El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas Agustinet, señaló con respecto a la investigación que «los ciudadanos esperan de la Justicia una actuación contundente» que esclarezca el caso «lo más rápido posible». El primer edil recordó que el Ayuntamiento ha colaborado en «todo lo posible porque tenemos ganas de que se aclare de una vez si ha habido actuaciones delictivas en este Ayuntamiento». «No es agradable que pase esto pero es un trabajo necesario de la Policía Judicial», concluyó.
Pilar Costa: «Aquel que haya hecho algo malo, que lo pague».
La consellera del Departament de Corporació i Comunicació del Consell, Pilar Costa, lamentó «profundamente que se hayan cometido presuntamente estos delitos» que afectan a instituciones de la isla, como es el caso del Ayuntamiento de Sant Josep. Costa señaló que espera que «la justicia llegue hasta el final, que no quede ninguna sombra de duda, y que aquel que haya hecho algo malo que lo pague porque sino están descredito una gran representación el sector público, de políticos y no políticos, porque hablamos en este caso de funcionarios», apuntó la consellera.