P. CANDIA/PEP MATAS/ V. MALAGÓN
La supuesta trama de corrupción en el Centre per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB) apunta alto. La jueza instructora de la 'operación Scala' citará en calidad de imputado al ex conseller de Comerç, Indústria i Energia del Govern de Jaume Matas Josep Juan Cardona tras escuchar ayer, durante cuatro horas, la declaración de la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, que insistió en involucrar a Cardona y al ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene.
La titular del Juzgado de Instrucción 4 de Palma, Piedad Marín, citará a Cardona a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Balears. Pese a su condición de aforado (es diputado por el PP), el ex conseller puede ser interrogado por una jueza, tal y como ocurrió con los portavoces de UM en el Parlament y en el Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens y Miquel Àngel Flaquer, respectivamente, en el caso 'Plan Territorial de Mallorca'.
Más tarde, si tras la declaración de Cardona la jueza y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach consideran que existen «indicios sólidos y racionales» para imputarle un determinado delito, la propia jueza elevaría la causa a la Sala de lo Civil y Penal del TSJB, que designaría a un magistrado instructor tras obtener la certificación del Parlament sobre la condición de diputado del ex conseller. Si la causa es asumida por el TSJB, toda la 'operación Scala' sería investigada por el magistrado instructor.
Tras la comparecencia de Ordinas y la amplísima documentación incautada en los registros, la jueza puede imputar a Cardona la supuesta comisión de varios delitos: negociación prohibida a funcionarios, cohecho, prevaricación o tráfico de influencias.
Desmentido
Todo ello, pese que el propio Cardona ha desmentido de forma rotunda su participación en la supuesta trama de corrupción orquestada en el CDEIB. Ayer mismo, en los pasillos del Parlament, Cardona dijo a este periódico que «sí, efectivamente, fue Jaume Matas, quien me propuso el nombre de Ordinas»,
Hace una semana no fue tan claro, aunque lo dejó intuir. El ex conseller dijo que nombró a Ordinas porque «me lo sugirieron». Ayer dio un paso más.
A lo largo de las cuatro horas que duró el intenso interrogatorio realizado, en el que le enseñaron parte de la documentación incautada en los registros realizados en sus domiclios de Portol y de Consell, así como en oficinas y despachos, Ordinas mostró «su disposición a colaborar con la justicia», según manifestó su abogado, Eduardo Valdivia, al finalizar la declaración.
En esa línea, la ex gerente del CDEIB no se desdijo un ápice de lo que ya había declarado con anterioridad, y reiteró que tanto Cardona como Viaene estaban al tanto de lo que ocurría en ese departamento. Cardona, como se sabe, negó su implicación en la trama y aseguró que «nunca» vio factura alguna en su Conselleria.
Viaene, por su parte, también ha rechazado de plano su participación en el organigrama diseñado para cobrar comisiones de los empresarios que obtenían contratos millonarios con la Administración. El ex director general de Industria no cargó contra Ordinas ni Cardona. Simplemente, se desvinculó por completo de la supuesta trama.
La mitad de lo recaudado por Antònia Ordinas habría sido utilizado para financiar al Partido Popular, según lo declarado ante la jueza por uno de los imputados en la 'operación Scala', Juan R. Éste habría desvelado a los investigadores que la propia gerente del CDEIB decía a los empresarios, a los que pedía comisiones, que el cincuenta por ciento del dinero se destinaría a financiar a la formación política.
La Fiscalía Anticorrupción trata ahora de verificar lo cierto de estas declaraciones, ya que, Ordinas podría haber realizado este tipo de comentarios para facilitar que los empresarios realizaran los pagos y tranquilizarlos sobre el destino del dinero.
Tanto Ordinas como su mujer, la soprano Isabel Rosselló, regresaron a la cárcel tras declarar ante la jueza y el fiscal. Rosselló, también asistida por Eduardo Valdivia, compareció alrededor de 45 minutos, y respondió a todas las preguntas que le formularon.
Ayer, asimismo, los investigadores analizaron parte de la documentación obtenida en el registro de la vivienda de Ordinas en Consell. En ese contexto, hallaron pruebas de que el concejal del PP en Lloseta Francisco Ferré se hacía pasar por miembro del Govern para establecer lazos comerciales con empresarios de ese país. El asunto llegó a conocimiento de la embajada de España en China, que envió una carta al Govern para preguntar si Ferré representaba al Ejecutivo. Esa misiva fue incautada en el registro realizado en la noche del pasado lunes.