El Ayuntamiento de Sant Josep descartó ayer revisar y paralizar todas las obras que hay en marcha relacionadas con el ex arquitecto municipal Antonio Huerta. «Es un trabajo prácticamente imposible, lo que sí hemos hecho es parar todas aquellas en las que hemos detectado irregularidades. De hecho, tenemos muchas paralizadas en Cala Vedella, Cala de Bou y Cala Tarida que habían recibido informe favorable de Huerta», explicó el concejal de Urbanisme, Josep Antoni Prats, que indicó que harán todo lo que les diga el juez.
En cuanto a los derribos que pide el GEN, Prats considera que primero hay que ver qué es lo que se ha construido ilegalmente, además de que hay que tener en cuenta el coste social que podría provocar una medida similar. «Lo mejor es ser prudentes y no hacer juicios paralelos», añadió el regidor, que indicó que volverán a revisar la urbanización de ses Serretes (Cala Carbó), que, según el GEN, es ilegal y que todavía se está construyendo. «En principio hicimos una inspección y dijeron que tenía una licencia que estaba bien, pero volveremos a revisarla», añadió.
El departamento de Obras del Ayuntamiento de Sant Josep está intentando recuperar la normalidad tras el intenso registro de dos días de la Policía Judicial. Según explicó el concejal, la Guardia Civil pudo encontrar toda la documentación que buscaba. Ahora les han dejado un listado de todo lo que han cogido, en total trece cajas. «Se llevaron muchos expedientes, hicieron un listado que han pasado a secretaría y ahora nosotros tenemos que volver a poner un poco de orden, porque puede ser que nos hagan falta cosas y no los tengamos», explicó Prats.
El concejal de Urbanisme garantizó que desde que el PSOE-ExC entró en el Ayuntamiento no se ha destruido documentación urbanística, pero también recordó que Huerta extrajo numerosas cajas cuando se fue. Pese a ello, desde Obras no se suelen encontrar con problemas a la hora de encontrar expedientes.
Cosas «mal hechas»
Prats recuerda, eso sí, que han encontrado cosas «muy mal hechas» y por eso han tenido que paralizar obras donde se incumplían los parámetros de densidad de edificabilidad o superficie ocupada. «Hemos abierto varios expedientes de infracción urbanística y ahora los implicados están haciendo trámites para arreglarlo», añadió el regidor, que entiende que muchas personas pueden haber sido engañadas por Huerta. Otra de las irregularidades detectadas es que durante el tiempo que estuvo el ex arquitecto no se exigía a los promotores que cedieran espacio para equipamientos tal y como marca la ley. El ex arquitecto municipal estuvo once años en Sant Josep y Prats calcula que pudo informar unos mil expedientes de obra al año, de ellos unas 200 urbanizaciones grandes anuales.
El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) considera «histórica la actuación de la justicia en el caso Huerta» y desea que se «acabe con la impunidad con que la delincuencia urbanística organizada, la más importante y extensa junto con el tráfico de drogas en la isla, ha actuado hasta ahora». Así lo afirma el grupo ecologista mediante un comunicado en el que destaca su deseo de «que la acción de la justicia llegue hasta las últimas consecuencias pero no sólo «condenando a los responsables» sino también «ordenando y ejecutando las demoliciones de todo lo que se haya edificado ilegalmente». En este sentido, señala que «en caso contrario se estaría permitiendo que estas actividades delictivas continuasen dando beneficios millonarios y resulten siempre mucho más rentables que una actividad profesional honrada». «Inmuebles edificados al margen de la legalidad, presuntamente con los informes favorables del señor Huerta, se encuentran en venta por cifras millonarias», concluye el GEN.