R. L.
El pasado lunes comenzó en la isla una operación sin precedentes que culminó con la detención y una orden de prisión provisional sin fianza para el que fuera arquitecto municipal de Sant Josep durante diez años, Antonio Huerta Briz. Aquel a quien en 2005 se le podía ver junto a fortunas del mundo el deporte como el futbolista Luis Figo, cuando el portugués buscaba hacerse una casa en la isla, ahora está en prisión imputado por seis presuntos delitos de malversación, prevaricación urbanística, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales y falsedad documental. Fue una caída que duró sólo cinco días en una operación contundente nunca antes vista en la isla, y que puso patas arriba el departamento de obras del Ayuntamiento de Sant Josep, las propiedades y los despachos profesionales del ex arquitecto y de su familia, en busca de documentación acerca de todos sus años de ejercicio en el Consistorio. Es el resultado de varios años de investigación por parte de la fiscalía de Eivissa a partir de denuncias del Col·legi d'Arquitectes de Balears y del Grup d'Estudis de la Naturalesa GEN-GOB y fruto de una actuación que la Guardia Civil, de la Policía Judicial de Palma, y de la Agencia Tributaria desarrollaron conjuntamente bajo el nombre de Operación Pitiusa.
Tras una semana intensa de detenciones y registros, ahora sólo queda entre rejas el propio Huerta. Su hijo y su nuera, Antonio Huerta Chamorro y Pilar Fernández, quedaron el libertad tras pagar una fianza de 80.000 euros cada uno mientras que su esposa, Rosario Chamorro, también está libre con cargos tras declarar ante la Guardia Civil la noche que regresó de Argentina para entregarse junto a su marido; la noche en que la justicia puso en jaque a Antonio Huerta.