E. P.
El grupo ecologista GEN recordó ayer al Ayuntamiento de Sant Josep que la Ley de Disciplina Urbanística es «de obligado cumplimiento y no puede contemplarse de manera arbitraria», causa por la que en el caso en que se demuestre algún tipo de delito o irregularidad en las promociones firmadas por el ex arquitecto municipal, Antonio Huerta, éstas «deberán derruirse». Desde el Ayuntamiento mostraron en los últimos días su preocupación por este asunto, ya que el derribo de estas edificaciones crearía un gran problema social, además de que generaría importantes indemnizaciones
La dirigente del GEN Neus Prats matizó que «si las indemnizaciones son o no millonarias en casos como el de Cala Carbó éste no es un atenuante de la aplicación de la Ley». Eso sí, señaló que «sí habrá casos en los que las infracciones urbanísticas habrán prescrito, por lo que no se podrán adoptar medidas».
Prats lamentó que los hechos comiencen a ver la luz tres años después de la primera denuncia de la agrupación sobre las presuntas irregularidades de Huerta «ya que en este tiempo muchas de las pruebas se habrán perdido». Además agregó que los registros acometidos el pasado lunes en el Consistorio josepí y las propiedades de los detenidos «ya habían sido anunciados». Los ecologistas han tildado la operación de «histórica, después de décadas de delincuencia urbanística en Sant Josep», aunque agregan que lo destapado «será probablemente una ínfima parte de lo que se ha hecho en estos últimos 20 años».
El GEN valora positivamente el esfuerzo hecho por parte de la Fiscalía de Eivissa aunque lamenta el desinterés de la Fiscalía Anticorrupción de Balears a cuya indiferencia atribuyeron «la proliferación de estas conductas delictivas». Prats apuntó «que desde esta entidad se ignora por completo que Eivissa forma parte de sus competencias».