El ex secretario general de la Federación Socialista Pitiusa, Roque López, ampliará la querella por el caso Eivissa Centre para acusar de un delito de falsedad documental al presidente del Consell, Xico Tarrés. La acusación se basa en que cuando era alcalde, Tarrés hizo una declaración de obra nueva ante notario en la que indicaba que el edificio de Juan XXIII tenía 36 viviendas y cinco plantas, cuando en ese momento ya era una «mole» de 160 pisos.
El abogado de López, Andrés Tuells, explicó que esto no puede ser un error porque «es tanta la diferencia y tanto el volumen que es imposible decir que es una omisión», por lo que lo denunciarán para evitar que prescriba el delito, algo que ocurrirá en diciembre. Paralelamente, pedirán al juez que solicite planos y una certificación del arquitecto municipal.
No son 2 millones
El letrado también explicó que el caso eivissa Centre no es un problema de «dos o tres millones de euros», sino que excede en mucho estas cifras. «Eso es sólo la punta del iceberg», explicó Tuells, que recordó que el alcalde de Sant Josep relata en las cintas que de la venta de los pisos de este edificio saldría el dinero 'b' para las presuntas comisiones.
Otro punto sobre el que quieren llamar la atención es sobre el solar de Juan XXIII, que se cedió por un valor «irrisorio» de 2 millones, cuando «valía mucho más» porque no se tuvo en cuenta que allí podrían edificarse 160 viviendas. «Esto se hizo para que Bruesa [empresa adjudicataria del proyecto Eivissa Centre] se quedara con la mitad del solar por un precio bajísimo», explicó Tuells, que considera que esto perjudica al Ayuntamiento y a todos los ciudadanos. De hecho, López calcula que el valor real del terreno debía ser de ocho millones. «El déficit para la población y el superávit para la corrupción presunta es de muchos más millones», añadió Tuells. El nuevo letrado de López asegura que ha hecho una investigación propia sobre el caso y cuenta con mucha documentación sobre Bruesa. «Se hizo un traje a medida para esta empresa», rememoró el abogado, que asegura que pedirá más pruebas periciales y documentales. Entre ellas, se solicitará al Ministerio de Justicia que envíe todas las comunicaciones que tuvo con el Ayuntamiento sobre el edificio de los Juzgados, porque creen que Vila actuó a sus espaldas adjudicando el palacio de justicia sin que el propio Ministerio estuviera informado. Por otro lado, López se mostró sorprendido porque no se estén haciendo obras en el edificio de Joan XXIII e insinuó que quizás Bruesa no tiene capital suficiente.
La portavoz del Consell, Pilar Costa, no quiso valorar esta nueva denuncia e indicó que hay que dejar trabajar a la justicia.
Roque López anunció ayer que interpondrá una acción civil contra la decisión del PSOE de expulsarle del partido. Tuells explicó que el PSOE en vez de abrir una investigación para saber si realmente hubo pago de comisiones ha decidido expulsar directamente a López con una tramitación muy defectuosa y en la que se han vulnerado los derechos fundamentales. «La única razón por la que le echan es por tratar de descubrir la verdad; ellos no querían averiguarla porque la conocía de antemano», añadió Tuells, que constató que «cada vez hay más corrupción» y que ello no es responsabilidad de los partidos sino de las personas.
La expulsión definitiva se produjo por la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE el 1 de octubre tras desestimar el último recurso de López. Esta resolución confirma la instrucción llevada a cabo en Eivissa por la socialista María torres, que indica que López buscó menoscabar la imagen de cargos públicos o instituciones socialistas.
Por otro lado, López resaltó el último auto de la Audiencia, que le dio la razón por la presencia de Tuells en una de las declaraciones de Eivissa Centre pese a ser tertuliano de la TEF.
El abogado recuerda que el caso lleva año y medio en los Juzgados y todavía no han declarado todas las personas a las que denunció López. «En otras causas en Balears la diligencia es muy superior», indicó Tuells, que sospecha que hay una «intencionalidad política» en ello. «La tramitación es lentísima», añadió el letrado, que asegura que esto está produciendo indefensión en Roque López, que tiene que soportar elevados costes económicos. Tuells recordó que si la justicia es lenta «es injusta» y consideró que el sistema judicial está «en la UVI». «Los testigos se señalan con cuentagotas y el fiscal no acude a algunas declaraciones», añadió el letrado, que sin embargo alabó la labor del ministerio público en su último escrito.