Ninguno de los acusados del caso ses Torres ha tenido que pagar la fianza millonaria que les exigía el Juzgado, que ascendía a un millón de euros en su conjunto. Pese a que en el auto de apertura de juicio oral la juez pedía que cada acusado aportara 120.000 euros y la promotora Lloma Talamanca otros 500.000, finalmente ni se han pagado estas cantidades ni se ha procedido a un embargo.
Entre los acusados están el ex alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch, y su concejal de Urbanisme, Vicent Riera, quienes se sentarán en el banquillo a final de marzo para responder de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Desde el Juzgado se les había solicitado el pago de este dinero como medida cautelar ante una posible sentencia condenatoria, que obligaría a restaurar el lugar y dejarlo como estaba antes de iniciarse la urbanización.
En este juicio se acusa además a la ex arquitecta municipal, Raquel García, el asesor jurídico de la institución, José María Roig Vich, y el promotor urbanístico Germán Vázquez Losada. También se acusa a la promotora como responsable civil subsidiaria.
El abogado de la acusación popular ejercida por Esquerra Unida, Ignasi Ribas, explicó ayer que quizás el Juzgado no «ha apretado lo suficiente», aunque restó importancia a este asunto debido a que no está en juego el pago de indemnizaciones y tan sólo se debía aportar el dinero para restaurar el terreno en caso de que haya sentencia condenatoria.
Ribas asegura que lo pidió varias veces, pero la defensa de los acusados interpuso un recurso, finalmente no admitido. En resumen, el Juzgado acabó por no embargar. «El pago del dinero se puede pedir en cualquier momento, ya en su día remarqué que se abriera la pieza de responsabildiad civil y que se les requiriera fianza; finalmente se abrió pero el embargo no se ejecutó», añadió Ribas, que indica que no les preocupa esta cuestión, porque ahora lo «más importante» es conseguir una sentencia condenatoria, porque lo demás «caerá por su propio peso». «Eso era un suelo rústico y reserva urbana y lo convirtieron en una auténtica urbanización y esto es un delito contra la ordenación del territorio», recordó el letrado.
En cuanto a una posible restauración del terreno, el abogado indicó que quizás a la larga pasará por decir en las nuevas normas que este suelo no es urbanizable «porque ha crecido ilegalmente».
El juicio por el caso ses Torres se celebrará los días 30,31 y 1 de abril. Tres jornadas en las que declararán numerosos testigos y peritos. Esta vista oral, que en principio estaba prevista para la semana que viene, ha sido aplazada porque el abogado del ex alcalde tiene otro juicio del caso Andratx en la Audiencia en la misma fecha. Al ser un órgano superior, tiene prioridad sobre el los juzgados de lo penal de Eivissa.
La acusación particular solicita penas de dos años de prisión e inhabilitación de diez años para el alcalde, la ex arquitecta, el concejal de Urbanismo, el asesor jurídico y el aparejador. La Fiscalía pide multas e inhabilitaciones.