CLAUDIA ROIG
La mansión que Cretu construyó en base a una licencia ilegal cuenta con un total de 2.728 metros cuadrados. Casi 2.000 más de los que tenía permiso para edificar, unos 900. Así lo denunció ayer el grupo ecologista GEN, que recordó que la licencia que en su día le otorgó el Ayuntamiento de Sant Antoni permitía un volumen en metros cúbicos de 1.500 cuando ahora hay la friolera de 7.000.
Todo ello sin contar la superficie que Michel Cretu ha edificado debajo de una de las piscinas, que suma 387 metros cuadrados más. En total, una mansión de 3.115 m2. Según los ecologistas, la casa triplica la superficie declarada en el registro y cuatriplica el volumen autorizado. Por eso consideran que Cretu no podrá cobrar ninguna indemnización, sino que deberá ser sancionado por un importe millonario si el Ayuntamiento le aplica la ley de disciplina urbanística. El GEN calcula que, como mínimo, el Consistorio podría ingresar entre 2,5 y 3 millones de euros en concepto de sanción al músico rumano.
Sin embargo, el alcalde de Sant Antoni, José Sala, no es tan optimista. «Este exceso ya lo hemos detectado nosotros y yo ya di orden hace tiempo de iniciar un expediente de disciplina urbanística del que ya veremos el resultado», explicó el primer edil, que ahora mismo no puede cuantificar a cuánto podría ascender la sanción que impondrá el Consistorio a Cretu, aunque las multas de edificaciones ilegalizables son del 100% del valor de lo construido.
«No soy tan optimista como el GEN, no tengo las mismas sensaciones, pero sí pienso que puede ser un arma de defensa por parte del Ayuntamiento de cara a la reclamación de una responsabilidad; llegado el momento defenderemos a ultranza los intereses del Consistorio», explicó Sala, que recuerda, no obstante, que casi todo el exceso de urbanización de Cretu se debe a la utilización del forjado sanitario sobre el que se asienta la obra, ya que se sitúa en un gran desnivel. Este forjado en un principio se usaba para levantar la casa sobre el nivel del terreno y a posteriori, en el proyecto presentado para su legalización, el Ayuntamiento descubrió que se había construido. «Todo esto no nos lo descubre el GEN, todo esto lo hemos detectado y hemos obrado en consecuencia», asegura Sala.
Los ecologistas consideran que la diferencia entre la superficie construida y la autorizada en su momento es «escandalosa» y descubre la «inmensidad de la infracción urbanística cometida por el promotor y encubierta por la administración».
Por eso, el GEN considera una «falacia» la excusa que hasta ahora había utilizado el Ayuntamiento de las posibles indemnizaciones que debería cobrar el promotor, ya que, en realidad, el municipio puede conseguir una «inesperada y cuantiosa fuente de ingresos». De hecho, anuncian que en caso de que Cretu se atreva a presentar demanda contra el Ayuntamiento, ellos mismos se personarán en la causa para conseguir que el músico rumano pague la sanción que le corresponde. «El hecho de haber obrado siempre con la más absoluta prepotencia y menosprecio hacia la legalidad le ha pasado factura al promotor de esta aberración urbanística», añade el GEN.
Además, los ecologistas consideran que Cretu renunció a la indemnización desde el mismo momento en el que presentó un proyecto de legalización de la mansión en 2004. «Esto anula cualquier posibilidad de solicitar indemnización».
El coste de la demolición prácticamente alcanza el millón de euros, una cifra para la que el Ayuntamiento no tiene presupuesto suficiente. «Tuvimos que suplementar la partida porque cuando vimos lo que costaba se nos cayó el mundo encima», explicó Sala. Ayer salió publicado en el BOIB el anuncio para adjudicar los trabajos de derribo, por lo que ahora las empresas interesadas tienen sólo trece días para presentar ofertas. El plazo de ejecución es de tres meses, un periodo que el alcalde confía en que sea suficiente para demoler la casa «si no salen imprevistos».
Incumple «por poco»
Sala reconoció ayer que no cumplirán el plazo dado por la juez para realizar el derribo, que vence el próximo sábado 1 de noviembre, pero «por muy poco». «Han surgido una serie de problemas y hay muchos temas que siguen sin resolverse porque en el Ayuntamiento tenemos falta de medios humanos y materiales para afrontar una cosa así; nos encontramos desamparados. Me gustaría ver si hay algún otro Ayuntamiento como el nuestro que se haya encontrado en esta situación; tenemos un montón de cuestiones para las que no tenemos respuesta y los técnicos tampoco la tienen, no encontramos antecedentes similares», se quejó el primer edil, que explicó que han detallado todos estos problemas a la juez, que no ha sido «demasiado receptiva» y que tampoco les ha respondido.
El alcalde asegura que la demolición es mucho más complicada de lo que parece y defiende que una vez se fijó el plazo de 18 meses han trabajado siempre para poder ejecutarla «sin poner trabas». Eso sí, anteriormente utilizaron todos los recursos legales que estaban en su mano para evitar la demolición. Incluso hace escasos días presentaron otro recurso de súplica para hacerle ver a la juez todo lo que ya ha avanzado el Ayuntamiento para ver si se puede retrasar el derribo. «Hemos intentado evitar lo y si tuviese más armas lo haría porque creo que de la demolición sólo se derivarán perjuicios para todos, incluido para la imagen turística de la isla, pero nunca hemos intentado incumplir las resoluciones judiciales», añadió Sala, que considera que la sentencia de derribo es una «barbaridad» y que no es entendida por la «generalidad de la población». «Si aún pagando la indemnización pudiese quedarnos la casa para uso público sería mucho más asumible», añadió el alcalde, que es consciente de que al incumplir el plazo la juez le puede imponer multas sobre su patrimonio personal. «Haré lo que corresponda para evitarlo».
Sala alerta sobre otra cuestión y es que por el momento todavía vive gente en la casa. «Les hemos requerido para que se vayan, pero si no lo hacen algún juez deberá dar la orden», explicó el alcalde, que asegura que Cretu no les ha contestado si se va a llevar los muebles o si quitará los elementos que se puedan desmontar. «El tema es muy complejo, porque es diferente encontrarte cuatro paredes que una casa llena, que podría incrementar una hipotética indemnización», dice el primer edil.
El alcalde de Sant Antoni, José Sala, indicó que lo que dice el GEN ya lo había detectado el Ayuntamiento y que por eso hace tiempo que abrió un expediente de infracción urbanística contra el músico rumano. La multa, según Sala, todavía no se puede calcular, pero recordó que las sanciones en obras ilegalizables son del 100% del valor de lo construido.
La juez todavía no se ha pronunciado sobre si hay que tirar la piscina y la pista de tenis. El alcalde explicó que tanto él como el grupo ecologista GEN coinciden en que si estos dos elementos tienen licencias diferentes a la principal no deben demolerse porque no están afectados por la anulación del permiso de la casa principal decretada por los tribunales. De esta forma, aunque según el alcalde no sea «ni lógico ni normal», se derribará la mansión y allí, en medio del monte, quedarán la piscina y la pista de tenis.
El proyecto de derribo contempla el desmontaje por unidades. Primero se desconectará el agua, la electricidad, la telefonía, etc y más tarde deberán vaciarse las fosas sépticas. Luego se pasará al desmontaje de cuerpos salientes de las cubiertas y más tarde se procederá a la tabiquería, forjados, etc.