La defensa de Roque López recurrirá la decisión del juez de retirar la imputación por un delito de falsedad documental al presidente del Consell, Xico Tarrés, por el caso Eivissa Centre.
El abogado Andrés Tuells basa su recurso en dos motivos ya que entiende que el auto del magistrado José Espinosa «es infundado y prematuro» y destaca que hay pruebas que demuestran que el ex alcalde sabía que había una mayor construcción en el edificio junto a Juan XXIII cuando firmó la declaración de obra nueva.
El argumento principal de su recurso a la decisión del juez se basa en que la edificación de este inmueble invadió en 100 m2 el solar contiguo perteneciente al Ministerio de Defensa, lo que provocó «un conflicto que duró bastantes años». Según Tuells, esto causa «un problema del que se habla durante mucho tiempo en el consejo de administración de Itusa, del que Tarrés era presidente». «De modo que es perfectamente conocedor de que allí se estaba construyendo sin respetar los límites del retranqueo del solar. Todo eso genera unos problemas y se decide que se haga cargo de la posible indemnización la constructora Bruesa, pero de todo ese proceso ha tenido conocimiento durante años Tarrés, de modo que cuando declara que no sabe lo que realmente se está edificando está faltando a la verdad», explica el abogado, quien destacó que sobre este conflicto «no hay registros» y que sale a la luz a partir de una petición de pruebas que realiza y que le fueron entregadas ayer mismo.
Asimismo, el abogado de López indica que ésta es una de las pruebas que demuestran que el auto del juez «es prematuro», y a la que se sumarán otras «que se han practicado y que aún están por llegar», como la declaración del arquitecto del proyecto o el libro de obras que, según Tuells, aún tiene que aportar Tarrés. «De modo que el juez se ha precipitado, ha levantado la imputación de una manera prematura que está prohibida por la ley», apuntó el letrado, para quien la «misión» del juez «es seguir investigando si cree que algo no está suficientemente probado». En este sentido, Tuells destacó que el magistrado «no es quien para juzgar o no si está probado», porque «un juez de instrucción está investigar y no para enjuiciar». «Eso es misión del tribunal que en su día haya de enjuiciar el caso; por lo tanto, el juez se extralimita e invade competencias», agregó.
El letrado asegura también que, con su decisión, el juez «lo que ha hecho es frenar el caso» y que «lo tenía pensado y decidido antes de declarar Tarrés, según se deduce del texto del auto». Esto, según Tells, influyó en la toma de declaración de Lurdes Costa, que coincidió también con la fecha del dictado del auto. «Dijo que mis preguntas eran impertinentes [término jurídico de 'no a lugar'] y no porque lo fuesen, sino porque antes de iniciar las preguntas ya tenía decidido dictar un auto en sentido contrario; eran preguntas bastantes lógicas» afirmó, y destacó que Costa también estaba «enterada» del conflicto con Defensa, y que así consta en «las grabaciones realizadas por Roque López», en las que, según el abogado, Tarrés dice «alguno tendrá que ir a la cárcel».
Desde el Ayuntamiento de Eivissa explicaron ayer que el conflicto con Defensa «es una cuestión de exclusivamente de tipo administrativo entre instituciones» y que se remonta a cuando se iniciaron las obras del edificio. En ese momento, según Vila, hubo un error por parte de la constructora Bruesa en el retranqueo que les llevó a extenderse un metro dentro del solar del Ministerio que, a lo largo de la parcela, se ha convertido en 90m2 , y que, una vez lo detectó Defensa, «el Ayuntamiento tomó cartas en el asunto». «Es un tema que se ha tratado en el consejo de administración de Itusa y hay un acuerdo económico cerrado que será compensado por parte de la constructora», apuntaron desde el Consistorio, que negaron que sean los ciudadanos los que tengan que pagar el exceso de metros. «El Ayuntamiento ha aportado toda esta documentación al juez y Tuells lo está utilizando para un juego mediático», apuntó una fuente municipal.