Para el alcalde de Sant Antoni, el último requerimiento de la jueza que lleva el caso Cretu es una «pega y una traba» al proceso de derribo de la mansión de Santa Agnès. «No vemos lógico que ahora tengamos que tener un trifulca entre la justicia y el Ayuntamiento de Sant Antoni, que nada más está cumpliendo lo que la justicia le ordena, y que sea ella misma la que nos ponga trabas o pegas», aseguró el primer edil.
Sala hizo ayer referencia al último requerimiento de la magistrada Irene Trunyols, que pide al Consistorio que certifique que Cretu no les deja entrar a la propiedad antes de otorgar la autorización para iniciar la demolición. El escrito llega días después de que la jueza impusiera una multa de mil euros mensuales al patrimonio personal de alcalde por el retraso en la ejecución de la sentencia de derribo a sabiendas, según Sala, de que se había solicitado el permiso para iniciarlo. «Ella conocía la petición de entrada cuando puso la multa, porque en su auto cita el documento que le habíamos presentado y lo transcribe en todos los puntos menos en éste», explicó el alcalde.
Sin embargo, según Sala, ésta no es la primera vez que solicitan autorización para iniciar el derribo. «En octubre ya le pedimos que, si le parecía oportuno, para evitar demoras posteriores, podíamos iniciar los trámites para la entrada y dijo que en su momento se resolvería. Ella misma nos pone trabas», apuntó el primer edil.
En cuanto a las multas, ayer se hizo oficial durante el pleno municipal el auto que le impone las sanciones abriendo el plazo de diez días para que la primera multa de mil euros sea efectiva. En este sentido, el alcalde insistió en pagará la multa aunque recurrirá este auto, porque da «bastantes motivos para oponerse»: «Impone la sanción sin justificar dónde está la actitud obstrucionista, no valora lo que se ha hecho hasta ahora y no concede el derecho de defensa porque no me ha dado audiencia», explicó el alcalde sobre los distintos puntos que constaban en autos anteriores del Juzagdo, entre los que también constaba la posibilidad de tener un «auxilio judicial» que, según alcalde, que «no ha obtenido».
Por otra parte, Sala destacó que el Decanato remitió al Juzgado Nº3 la petición de entrada al domicilio y no al Nº1, del que forma parte la jueza que lleva el caso, por lo que ahora deberán aclarar cuál de los dos tiene que darles dicha autorización. «Ahora trataremos de aclarar qué falta para que nos den la autorización. Pondremos a la empresa en marcha para el derribo y pagaré las multas que toquen. Paralelamente, recurriré el auto y haré lo posible para que sea revocado porque creo que no es justo», agregó el primer edil sobre los pasos a seguir. Por último, para Sala, los escritos enviados al juzgado «están llenos de evidencias» de que Cretu les impide entrar en la casa para iniciar el proceso de demolición.