Viajar en taxi será un poco más caro a partir de ahora, pero no sólo en Vila sino también en el resto de la isla. En esta revisión anual de la tarifa del taxi la subida es de casi un 5% (4,9%) a causa del aumento del IPC y del precio de los carburantes y afecta tanto al precio por kilómetro recorrido en sus fracciones diurnas, nocturnas o festivas como a los suplementos por los servicios de aeropuerto, puerto o teléfono. Según explicó el concejal de Mobilitat, Joan Rubio, todos los ayuntamientos han acordado pactar los mismos precios en 2007, que también deberán ser aprobados por el Consell. En este sentido, Rubio destacó que si bien cada año hay un pequeño aumento en los precios, éste es algo más caro que el anterior a causa a la fuerte subida del precio de combustible en 2008, ya que el estudio económico se hace con carácter retroactivo de acuerdo al valor del carburante del año anterior.
Por otra parte, durante el pleno de ayer, el equipo de gobierno rechazó dos mociones con propuesta de acuerdo presentadas por el PP y dirigidas, por un lado, a fraccionar y aplazar el pago de las deudas tributarias a los ciudadanos y, por el otro, a crear una comisión de seguimiento de la gestión del alcalde la junta de gobierno y los concejales. La primera fue rechazada, según el teniente de alcalde, Santiago Pizarro, porque los ciudadanos ya pueden pedir aplazamientos y fraccionamientos del pago de sus impuestos. Asimismo, el teniente de alcalde adelantó también que al servicio de pago mediante la página web del Consistorio se está estudiando que también se pueda hacer por tarjeta de crédito, sin coste adicional.
La segunda moción, enfocada a un mayor control por parte de la oposición al equipo de gobierno, también fue rechazada. Según el concejal Marc Costa, ésta es una fórmula reservada a ayuntamientos más grandes y el de Vila «cuenta con mecanismos para que la oposición esté informada y controle al órgano de gobierno».
Por último, la portavoz del grupo popular, Virtudes Marí, quiso conocer qué ocurre con las obras de la Comisaría de Policía, un proyecto que no cumplía con los parámetros establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) pero para el cual, según el concejal de Urbanismo, Vicent Torres, «se está buscando una solución pronta y rápida».
El concejal Vicent Torres explicó que el acuerdo con el Ministerio de Justicia para que los Juzgados se ubiquen en Sa Graduada «está muy avanzado» y destacó que ahora estudian ubicar en el solar anexo a Sa Graduada de la Delegación del Gobierno. Cabe recordar que este proyecto, Eivissa Centre, se completa con la construcción del Patronat Municipal de Música, en la antigua Delegación del Gobierno, y viviendas libres en los actuales Juzgados y en el edificio Santa Margarita.