C. R.
Equipo de gobierno y oposición pactaron ayer crear una comisión de seguimiento conjunta para vigilar de cerca los efectos de las medidas anticrisis del Gobierno central en Eivissa. En concreto, en este marco se estudiará el efecto de los planes para reducir la morosidad de las administraciones, las dificultades para obtener financiación por parte de las empresas y autónomos y el seguimiento de la nueva dotación del Plan Renove turístico.
Esta comisión fue consensuada después de que el conseller del PP Diego Guasch presentara una moción que según el conseller de Programació Económica, Tomás Méndez, estaba ya algo desfasada. Por eso le propuso pactar un nuevo texto para crear una comisión que analice las medidas anticrisis. Méndez recordó que están estudiando adelantar el pago a proveedores a 30 días en vez de a 60, con lo que quieren ayudar a combatir la falta de liquidez empresarial.
No fue la única moción en la que hubo consenso, porque el equipo de gobierno también votó a favor de una propuesta del PP para instar al Govern a que repare de «forma urgente» los desperfectos ocasionados por los temporales en el puerto de Sant Antoni. El conseller popular José Torres remarcó que esta actuación es «urgente» porque ya empieza la temporada turística. El conseller de Mobilitat, Albert Prats, aseguraba que coincidía totalmente con sus argumentos y aseguró que el conseller balear de Medi Ambient ya se ha comprometido a reparar los desperfectos.
El PP también presentó una interpelación al conseller de Política Cultural i Educativa, Marià Torres, quejándose del recorte de la subvención otorgada a la universidad a distancia, que cuenta con 1.100 alumnos en Eivissa. La popular Carolina Torres lamentó que este año en el que cumplen 30 años el Consell lo «celebre con la condena a un recorte económico». De hecho, consideró que los 30.000 euros de recorte se podrían haber sacado de la eliminación de algún cargo de confianza. De hecho, aseguró que este descenso repercutirá en los estudios que se ofrecen.
El conseller reconoció que este año sólo se pagarán 40.000 euros e indicó que se debe a que durante este tiempo se ha estado pagando «de más», ya que la Uned está ubicada en un edificio del Consell cuyo mantenimiento cuesta 50.000 euros, algo que por ejemplo no ocurre en Mallorca y Menorca. «No castigamos ni condenamos a la Uned», aseguró Marià Torres, que indicó que intentará hacer un esfuerzo para repescar los 30.000 euros, algo que tendrá que negociar con el departamento de Hacienda. Además, pidió ayuda al PP para reclamar más fondos a Mallorca, algo a lo que se comprometió la consellera.
Torres también explicó que todavía no se ha comenzado a elaborar un plan de redistribución de Cas Serres para cuando se traslade el Conservatorio, ya que esto no se hará hasta 2010.