El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, Juan Carlos Torres, ya ha remitido a Fiscalía toda la información que recibió del Govern balear sobre las expropiaciones que se hicieron a Empresas Matutes con motivo de la construcción de la autovía del aeropuerto. El holding del ex ministro ha tenido que devolver recientemente 3,5 millones de euros al Govern porque se han descubierto importantes errores en la valoración de sus fincas, muchas de las cuales eran rústicas pero se consideraron urbanas por el Ejecutivo autonómico cuando todavía gobernaba el PP.
Esta causa se empezó a investigar a raíz de una denuncia de la Plataforma Antiautopistas, quien pidió a Fiscalía que averiguara si se pudieron cometer diversos delitos relacionados con el uso de información privilegiada (Stella Matutes era entonces consellera de Vies i Obres del Consell d'Eivissa), el tráfico de influencias, las negociaciones prohibidas a funcionarios e incluso un delito de estafa (al vendedor de la finca urbanizable que Matutes compró a precio de rústico). También entienden que podría haber un delito contra la hacienda pública. Desde la Plataforma Antiautopistas también reiteraban en su denuncia que en caso de que se hubieran confirmado estos pagos erróneos, la investigación podría ampliarse a los supuestos de malversación de caudales públicos y/o apropiación indebida.
Después de que Empresas Matutes haya reconocido que hubo un error y haya devuelto 3,5 millones de euros, desde la Plataforma Antiautopistas consideran que buena parte de la denuncia se ha confirmado.
Ahora deberá ser la Fiscalía la que, en base a la documentación aportada por el Govern balear, decida si continúa investigando y si pide imputaciones, testimonios o más documentación.
El conseller d'Obres Públiques recordó esta semana en el Parlament que Empresas Matutes compró los terrenos que luego serían expropiados un día antes de que se aprobase el proyecto de la autovía.
Según el Govern, las fincas de Matutes que fueron expropiadas y que cuentan con errores más significativos a favor del empresario son cinco. Una de ellas, de 11.280 metros cuadrados fue valorada como urbana cuando era rústica y por ella el Govern del PP le pagó 828.288 euros de más. Otras dos fincas de menor extensión cuentan con errores similares, porque fueron valoradas a precio de urbano (91 ?/m2) cuando eran rústicas (9?/m2). Además, hay un terreno de 3.547 metros que se cobró como urbano cuando ya era público porque se había cedido para equipamientos en cumplimiento de un plan parcial.
Los impulsores de la denuncia, relacionados con la prácticamente desaparecida Plataforma Antiautopista, se está planteando ampliar la denuncia que interpusieron en su día porque quieren que se investigue por qué se pagó a Matutes terrenos que no eran suyos sino que eran fincas ya públicas.
En concreto, se refieren a la finca número 77, que de un total de 12.015 m2 tenía 997 que ya eran públicos por cesión de un plan parcial. De esta finca Matutes ha tenido que devolver 792.934 euros. Otro de los casos es el de una finca, la 79, de 3.547m2 que se cobró como urbana cuando ya era pública por cesión en su totalidad. Por esta finca ha devuelto 322.777 euros.