El músico rumano Michel Cretu ha acogido el derribo de su mansión de Corona con «tristeza», según explicó ayer su abogado, Jaume Roig. «Aunque es una persona muy pragmática, en el fondo lo ha visto con tristeza de que se haya llegado a este punto y tiene una sensación de que ha sido un instrumento con una finalidad política», explicó Roig, que indicó que el derribo tiene ciertos tintes que «rozan el racismo puro y duro» porque «con gente de aquí no se llega a este punto».
El letrado no quiso avanzar si finalmente Cretu abandonará la isla, pero indicó que «en otros lugares será tratado con mejores formas que aquí», ya que «aquí no es bienvenido».
«Estamos ante la materialización de un acto que consideramos absurdo y que muestra la incapacidad de la propia Administración para instrumentar soluciones alternativas a la destrucción de riqueza», indicó Roig, que considera que todo ha sido fruto de una «bandera política».
Por eso, la propiedad ya ha pedido que se reactive la petición de indemnización al Ayuntamiento de Sant Antoni por valor de 18 millones de euros. Roig desconoce si el Consistorio les pasará la factura del derribo, que costará más de 300.000 euros, pero si lo hacen pasará a formar parte de la reclamación. De hecho, el letrado de Cretu aseguró que se está intentando provocar el menor daño posible a los elementos recuperables de la mansión, ya que la casa estaba dotada de domótica y tenía murales en las paredes. «Lo que se ha podido recuperar se ha recuperado y lo que no se va con la demolición, pero todo lo que sea dañado será cuantificado y reclamado», aseguró. De hecho, estos posibles daños se pueden incluir en la demanda de 18 millones. «Entiendo que haremos algo para combatir las actuaciones que no son totalmente correctas y que se hayan producido en el proceso de derribo a elementos ajenos a lo que debe ser demolido», aseguró Roig, que explicó que todos estos posibles daños se están fiscalizando y controlando para en su momento proceder como corresponda.
Lo que sí quedará sobre el terreno es el jardín y las palmeras, que tienen un alto valor económico. «Sólo procede destruir y demoler lo que en su día fue objeto de construcción en virtud de la licencia que ha sido declarada nula, lo que se haya hecho con otros permisos se mantiene», recordó el abogado.
Los trabajos de demolición de la mansión ilegal comenzaron el pasado 8 de mayo y a fecha de hoy ya no queda prácticamente ninguna estructura en pie. Ahora queda pendiente el dsescombro.
La empresa que está llevando a cabo el derribo es Construcciones y Excavaciones Erri Berri, que demolerá la mansión en el plazo de un mes. Desde el Ayuntamiento de Sant Antoni mantienen que los trabajos van a buen ritmo y que cumplen el calendario previsto.