Sant Antoni se une a la senda abierta por Santa Eulària de incrementar de forma muy importante las sanciones que se imponen por infracciones de normativas locales de tipo medioambiental. Si la villa del río aprobaba recientemente sanciones de hasta 1,2 millones por vertidos peligrosos, el equipo de Gobierno de Portmany sacó ayer adelante, con la oposición de PSOE-ExC que pretenden incluir modificaciones en la norma, la aprobación inicial de la nueva Ordenanza Municipal de Protección Ambiental frente a la Contaminación Acústica en la que se establecen multas de hasta 300.000 euros para los responsables de faltas muy graves.
Hasta ahora la sanción máxima era de 250 euros, según el edil de Gobernación, José Ramón Serra 'Pilot', quien explicó que la nueva sanción máxima podrá aplicarse a los responsables de fiestas ilegales. El edil destacó también que «la normativa considera que será responsable tanto la persona organizadora de la fiesta como el propietario de la casa», un criterio ya defendido el verano pasado por la Dirección Insular del Estado.
Superar los límites
Las sanciones muy graves por infracción de la Ley Contra la Contaminación Acústica de Balears se impondrán a quienes superen en 15 decibelios los límites. Podrá aplicarse la sanción máxima en el caso de que se rebase en menos decibelios la emisión de ruido «cuando se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas». También contempla estas sanciones a los conductores de vehículos que superen en 15 decibelios el límite establecido en su ficha de homologación.
La ordenanza incluye también sanciones por vulneración de lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. En este caso, las multas irán de 180 a 3.000 euros. En este campo figurarán, entre otras, las alteraciones de la tranquilidad producidas por los particulares. «No se consideran comportamientos vecinales tolerables elevar el tono de voz, gritar o vociferar», define el texto, que determina que «queda prohibida la realización de trabajos, reparaciones y otras actividades domésticas susceptibles de producir molestias por ruidos y vibraciones de domingo a jueves, de 22,00 a 08,00 horas y, en viernes, sábado y vísperas de festivos, de 22,00 a 09,30 horas». La normativa establece las 10 de la noche como inicio del horario nocturno, pero el concejal considera posible retrasarlo hasta la medianoche en verano.
Pilot resaltó que esta normativa se completará con la «implantación de equipos reguladores en los negocios que dispongan de oferta musical y tendrán memoria de un mes para su control aunque, en un futuro, esperamos que puedan estar conectados por internet a la Policía Local para conocer la hora de encendido y apagado de los equipos, así como los niveles de ruido».
La oposición en Sant Antoni preguntó ayer al Consistorio sobre el coste que había supuesto para las arcas municipales la necesidad de contratar asesoría legal externa con motivo del Caso Cretu. Según informó el concejal de Hacienda, Joan Pantaleoni, sólo se ha contratado a un letrado, el cual ha seguido todo el proceso desde la presentación de la denuncia hasta la sentencia firme con orden de derribo. Su participación ha supuesto 33.398 euros de coste, afirmó Pantaleoni.
El edil, a preguntas de los periodistas, apuntó que, a pesar del inicio del derribo de la casa, el alcalde, Josep Sala, sigue teniendo que abonar los 1.000 euros de multa que le impuso el juzgado al considerar que se había retrasado la ejecución de la orden de destrucción. «Al ser una sanción impuesta por orden judicial, es el juzgado el que debe dictar el final de los pagos», explicó el edil, que considera que esta no llegará hasta que no finalice totalmente el derribo. Hasta ahora, Sala ha tenido que abonar 3.000 euros de su patrimonio.
La concejala de Cultura, Marian Tur, explicó ayer, a preguntas de la oposición, que el centro social y cultural Can Portmany empezará a acoger exposiciones y proyecciones de películas a partir del mes que viene. La primera actividad prevista en el local de Sant Rafel será la celebración de una exposición conmemorativa de los 60 años de l'Institut d'Estudis Eivissencs, una muestra a la que seguirá otra denominada 'La epopeya de Eivissa' y una selección del Fondo Artístico Municipal, así como una muestra fotográfica.
Tur señaló que será en julio cuando se iniciará el uso de Can Portmany como lugar de proyecciones. El centro entrará dentro del circuito de exhibición del programa 'El documental del mes'.
Por otro lado, la edil negó que se hubiera encargado a personal externo la organización de los actos para celebrar el 'Día del Libro', intervenciones que se iniciaron el 3 de abril y se mantuvieron hasta el 24 del mismo mes.