El Ayuntamiento de Sant Josep ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) a pagar 405.000 euros a Lidia Moreno Palerm, quien acudió a los tribunales en el año 96 al ver que no se le adjudicaban los servicios de playa de Cala Vedella (hamacas y sombrillas). El Ayuntamiento, entonces gobernado por José Serra Escandell (PP) dio la contrata a la asociación de vecinos de Cala Vedella, presidida por el ex comisario de Policía Àngel Marí, desoyendo los informes jurídicos y técnicos de la mesa de contratación, que aconsejaban la adjudicación a Lidia Moreno.
Los hechos se produjeron en 1996 y la sentencia se dictó en 1999. Sin embargo, la recurrente no ha pedido la ejecución de la misma hasta ahora por razones que se desconocen. Ahora el TSJ ha dictado un auto que obliga a pagar esta cantidad, a la que se tienen que sumar los intereses ganados desde la notificación de la sentencia, que se produjo el 9 de abril del 99. En caso de que no se pague en un plazo máximo de 30 días se impondrá una multa económica de 600 euros al funcionario responsable del Ayuntamiento que incumpla este requerimiento. Esta multa será reiterada cada quince días hasta que se pague la cantidad reclamada.
El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, aseguró ayer que no tenían conocimiento de esta sentencia y desconocen por qué el anterior equipo de gobierno no la cumplió. «Esto significa para nosotros un grave agujero económico en nuestro presupuesto», aseguró Agustinet, que ya anunció que demandarán a la procuradora por «fallos en la notificación» de las resoluciones judiciales. En caso de que el Ayuntamiento tenga que pagar esta cantidad, algo sumamente probable, se reclamará judicialmente el dinero a los concejales de la comisión de gobierno que tomaron «la decisión equivocada». Son el ex alcalde José Serra Escandell y los ediles Josep Marí Ribas, Reganes, José Torres Cardona, Tomàs; José Marí Prats, Berris; Antonio Cardona Marí, Pujolet y Antonio Marí Tur. «Nos parece injusto que lo pague el Consistorio», expresó el acalde, que aseguró que en el Ayuntamiento nadie tenía constancia de la existencia de esta sentencia. De hecho, pensaban que se había archivado, por lo cual ha supuesto una auténtica sorpresa. «Forma parte del paquete de cosas que siguen saliendo, por desgracia, de las actuaciones jurídicas pasadas de este Ayuntamiento», lamentó Marí Ribas, que lo considera un tema «grave e importante» por la cuantía que supone. De hecho, se tendrán que modificar los presupuestos para poder pagar.
Para evitar el abono de esta indemnización, Sant Josep ha interpuesto una interlocutoria alegando indefensión. Aseguran que el Consistorio ha quedado en indefensión en este asunto porque el abogado del Ayuntamiento que llevaba este asunto, que era de Madrid, murió en 2007 y la procuradora no avisó de que existía esta cuestión. «Hay una serie de fallos de comunicación y quizás podamos reabrir el caso», confió el alcalde, que indica que si esto es así se podría recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Mientras siguen pleiteando no corre el plazo para pagar la indemnización, con lo cual no hay peligro de que el funcionario responsable, que Marí Ribas cree que debe referirse al alcalde, tenga que pagar una multa de su bolsillo. «No llegaremos a este punto, si finalmente nos dicen que paguemos lo haremos y punto», aseguró el primer edil, que indicó que antes se intentarán agotar todas las vías de recurso posible.
Lo más curioso de todo este asunto es que la persona que recurrió la adjudicación que Serra Escandell y a la que ahora hay que pagar 405.000? es la sobrina política del ex comisario Àngel Marí. Es decir, Lidia Moreno recurrió la adjudicación de hamacas y sombrillas que el Ayuntamiento le dio a su tío, como representante legal de la asociación de vecinos de Cala Vedella. Actualmente Moreno y toda la familia del ex comisario cuentan con numerosas adjudicaciones de hamacas en el municipio, a las que concurren con empresas de nombre diferente que compiten entre sí.
El alcalde aseguró ayer no entender por qué Moreno ha esperado diez años a reclamar la ejecución de la sentencia condenatoria. «Podemos tener nuestras teorías, pero no diremos nada, aunque nos extraña un poco», dijo el primer edil, que tampoco sabe si el anterior ayuntamiento defendió sus intereses en el caso, porque la indemnización es muy elevada. «Me parece una exageración, son hamacas y sombrillas y hablamos del año 96».
El ex alcalde justificó la adjudicación de los lotes de hamacas a la asociación por «sus fines sociales» y por las mejoras realizadas en la playa.