El Consell d'Eivissa ha ordenado el derribo de una casa particular ubicada en la finca Can Vicent Puig de Sant Rafel, por haber sido edificada sin licencia.
Se trata de una infracción urbanística calificada como «muy grave» cuya consecuencia no sólo será la demolición sino también una multa de 137.624 euros y la obligación de restituir el entorno a su estado anterior. El plazo para cumplir con el derribo es de un mes a partir de que el propietario y los promotores de la obra reciban la notificación y, si una vez transcurrido este tiempo no se ha restituido la zona a su estado original, el Consell procederá a la demolición de forma subsidiaria, aunque en cualquier caso, la propiedad deberá hacer frente a los costes de todo el proceso.
Según explicó la consellera portavoz, Pilar Costa, este expediente data del 2003 y se ha retrasado debido a un proceso judicial. «Los propietarios pusieron un contencioso pero la sentencia desestimó todo», aseguró. Asimismo, también hubo un intento de legalizar la obra que no prosperó.
En 2007 la propiedad fue vendida a una entidad mercantil, y es por este motivo por el que el Consell requiere responsabilidades tanto al promotor de la obra como al actual propietario.
Esta vivienda unifamiliar, edificada sin licencia, se construyó en un terreno con calificación rústica con una superficie construida aproximada de 146,51 m2.
El expediente del Consell indica que está ubicada a 50 metros de la casa principal de la finca, lo que supone el doble de metros permitidos en el Plan Territorial Insular (PTI), ya que tomar esta casa como parte de la vivienda principal fue uno de los argumentos de la propiedad para intentar legalizarla. Además, el Consell indica que ha sido diseñada como una parte separada y cuenta con un acceso independiente.
La consellera Pilar Costa aseguró que el Consell debió asumir la gestión de este expediente de infracción urbanística debido a que «el Ayuntamiento de Sant Antoni no ejerció esta competencia». «Las competencias urbanísticas son de los ayuntamientos, que son los que tienen que abrir los expedientes cuando hay una denuncia o una infracción, pero desgraciadamente no sé por qué en su día no se abrió y se han subrogado las competencias al Consell Insular», explicó Costa, sobre una cuestión que no suele tener lugar en la isla y es que el Consell ordene el derribo de una vivienda particular.