El equipo de gobierno del Consell d'Eivissa aprobó ayer la petición de un préstamo a seis años de 5,5 millones de euros a dos entidades bancarias, avalado por el decreto de medidas urgentes del Estado para que las entidades locales puedan sanear sus deudas con proveedores.
Este crédito irá destinado a cubrir deudas de años anteriores que necesitaron de un reconocimiento en pleno, y que deberán ir al Ministerio de Hacienda acompañadas por un plan de saneamiento, según explicó el conseller de Finances Corporatives, Tomás Méndez.
El Partido Popular se abstuvo ayer de esta aprobación porque, según la consellera Carmen Domínguez, «todo esto viene dado por un presupuesto mal gestionado o porque el Consell no ha recibido las ayudas esperadas». En este sentido, Domínguez destacó que no se opone a la propuesta «para que las facturas pendientes se paguen a los proveedores», pero destacó que «al Consell no le llega el dinero para algunas cosas pero para otras sí». «No les veo apretándose el cinturón en todo, porque sí gastan dinero en otras cuestiones. Se tendrían que dejar de gastar en cosas superfluas, como televisión, publicidad, convenios, porque los tiempos no son buenos», apuntó Domínguez, quien destacó además que el equipo de gobierno «pide muchos préstamos ahora pero no los va a pagar, porque se pagarán en la próxima legislatura», agregó.
Por su parte, Méndez replicó asegurando que el plan de saneamiento será «muy conservador», por lo que se «podrán acortar los plazos», y destacó que estas deudas vienen «de gastos antiguos que no se han podido cubrir con sus presupuestos», haciendo referencia a la anterior legislatura del Partido Popular. «Esta sí es una muestra de buena gestión porque estamos saneando el pasado, porque nos hemos encontrado con compromisos de pagos que se fueron pasando de un año a otro», agregó Méndez, quien aseguró que si el Consell hace inversiones «es porque en momentos de crisis debe hacer el esfuerzo para ayudar a la sociedad», al contrario que «en épocas de bonanza, que es cuando se tendría que haber ahorrado».
Por último, el equipo de gobierno también aprobó «un confirming mediante el cual los proveedores del Consell pueden obtener liquidez inmediata con una línea de descuento, barata y sin riesgo», concluyó Méndez.
Se aprobó ayer también de forma inicial y con la abstención del Partido Popular el proyecto de construcción y acondicionamiento de la carretera de Sant Joan y su correspondiente estudio de impacto ambiental, por lo que, tras su publicación en el Butlletí Oficial, iniciará su período de exposición pública. El conseller de Mobilitat, Albert Prats, recordó que el objetivo fundamental es mejorar la seguridad de esta vía, que se ampliará de seis a nueve metros de ancho e incorporará un carril bici bidireccional, separado de la carretera principal por una anchura de 2,5 metros. Asimismo, la carretera contará con 28 paradas de autobús y está previsto el soterramiento de las líneas eléctricas, la mejora y supresión de intersecciones y la incorporación de cinco nuevas rotondas. El PP tampoco apoyó este proyecto dando como voto una abstención y pidiendo al Consell que tenga en cuenta la opinión de los afectados y del Ayuntamiento de Sant Joan.
El Consell d'Eivissa aprobó una multa de 60.000 euros y una orden de clausura para un establecimiento de la bahía de Sant Antoni por el ejercicio de actividad de establecimiento turístico sin autorización que lo habilite. Asimismo, impuso ayer también dos sanciones por seis mil euros cada una para un establecimiento turístico de Sant Antoni por infracción grave al realizar obras sin licencia así como por ofrecer un número superior de plazas de alojamiento de las que dispone, produciendo una sobreocupación del lugar. La máxima institución aprobó otra multa a un titular de un establecimiento hotelero en ses Figueretes, también de seis mil euros, por infringir normas de seguridad y protección contra incendios, así como otra sanción de 3.000 euros a un hostal de La Marina por ejercer de alojamiento turístico sin la correspondiente licencia.