Ayer entró en vigor la Ley de Servicios Sociales, que establece que todo ciudadano tendrá garantizados unos mínimos de comida, ropa y techo y que, en el actual marco de crisis económica, prevé la protección de las personas que se encuentran en situación de dificultad, especialmente en lo que se refiere a los colectivos más vulnerables.
El pasado 2 de junio, el Parlament aprobó esta normativa, con la abstención del PP, mediante la cual Balears se convirtió en la primera Comunidad Autónoma que cuenta con una Ley de estas características. Contiene 139 artículos y cuatro disposiciones, mediante las cuales el Govern prevé, entre otras medidas, planificar y garantizar la cobertura de las prestaciones sociales a todos los ciudadanos.
Actuación
A partir de su aprobación, se inició un periodo transitorio de una duración estimada de 18 meses que servirá para que la Conselleria dirigida por Fina Santiago mantenga conversaciones con los grupos parlamentarios, los Ayuntamientos y las diferentes entidades, con el fin de elaborar una cartera de servicios sociales que se aprobará por Decreto y que, como elemento básico de la Ley, definirá los «derechos subjetivos» que cualquier persona podrá reclamar ante los tribunales.