El conseller de Presidència del Govern, Albert Moragues, achacó ayer el retraso en el traspaso de las competencias de Justicia a Balears por parte del Ejecutivo central al «conflicto interno» que mantienen el Ministerio y los jueces, así como al «importante problema presupuestario» que padece el departamento dirigido por Francisco Caamaño.
En una rueda de prensa, Moragues admitió que desconoce cuándo se producirá la transferencia de estas competencias, teniendo en cuenta que Caamaño aún no ha respondido al informe que el Govern le envió el pasado mes de mayo en el que se cifraba en 121 millones de euros la construcción de siete nuevos edificios judiciales en Palma, Manacor, Inca, Mahón, Ciutadella y Eivissa (96,5 millones) y la reforma de tres inmuebles en Palma y uno en Mahón (24,4 millones) para responder a las necesidades actuales y de crecimiento de la planta judicial en un plazo de entre 20 y 25 años.
«Supongo que el Ministerio nos avisará para retomar las negociaciones», indicó el conseller, quien recordó que Justicia prevé que la transferencia de las competencias de justicia a Balears sea efectiva en 2010, aunque se puede retrasar, en caso de que el Govern no comparta las condiciones económicas en las que se lleve a cabo el traspaso.
De momento, Moragues consideró «importante» el compromiso del Ejecutivo central de destinar en los próximos tres años un total de 600 millones de euros para mejorar todas las estructuras judiciales del Estado, desde el punto de vista informático y de medios, lo que, a su juicio, contribuirá a «facilitar» la resolución de los «dos grandes problemas» del Ministerio, en referencia a la falta de presupuesto y al «conflicto aún no resuelto» que mantiene con las asociaciones de jueces, que reclaman más medios al Gobierno.
En este sentido, auguró que si el Ministerio resuelve «rápidamente» las diferencias que mantiene con los jueces y fiscales, «a lo mejor supone una aceleración» en las negociaciones del traspaso de competencias de justicia a Balears «y podemos acabar el año con esta transferencia».
Tras presentar en mayo el citado informe, que aún no ha tenido respuesta por parte del Ministerio y en el que se evalúan las inversiones que se deben llevar a cabo en los edificios adscritos a la Administración de Justicia de Balears, Moragues precisó que el Govern no exige al Ejecutivo central que destine a Baleares 121 millones de euros, sino que reclama la propiedad de los edificios existentes, con el fin de que pueda vender algunos de ellos, de cara a financiar las obras.