Jaume Matas hizo uso como si fuera propio del palacete de la calle Son Feliu desde abril de 2004, es decir, dos años y medio antes de que el ex president firmara la escritura pública, del inmueble, el 25 de octubre de 2006. Así lo confirman los abogados Joan Buades y Maria Teresa Castella en un escrito que el juez José Castro ha incorporado a la causa del 'caso Palma Arena'. En este documento, ambos letrados, casados entre ellos, rechazan las acusaciones que contra ellos formulaba la Fiscalía Anticorrupción. En la denuncia contra Matas que los fiscales Carrau y Horrach no presentaron por la oposición de sus superiores jerárquicos, Buades y Castella aparecen como posibles autores de un delito de cohecho por vender muy por debajo de su precio el palacete a Matas.
En el escrito se argumenta que la venta se cerró en abril de 2004 y entonces «se entregó la posesión del piso». El acuerdo de compra «se concertó de palabra» y Matas no firmó ningún documento por escrito hasta que formalizó la escritura en octubre de 2006. El documento firmado por Buades y Castella justifica que se permitió al ex president prolongar esta situación dado que «manifestaron su imposibilidad de pagar el precio pactado ya que no habían conseguido vender su vivienda en C'as Català». A causa del retraso en el pago, la empresa vendedora subió en 50.000 euros el precio de la venta, que pasó de 900.000 a 950.000, según sostiene Buades. El escrito incluye tres tasaciones realizadas por la empresa Tinsa, que sitúan en estos valores el precio de la posesión en 2004. La Agencia Tributaria valoró este piso en dos millones de euros para ese periodo y en 2.700.000 para el momento en el que se formalizó la escritura. Con estos números, la Fiscalía concluye que se realizó una dádiva al ex president Matas de más de un millón y medio de euros en la venta.
De hecho, en las diligencias de fiscalía, tal y como ya publicó este diario, consta la declaración de varios testigos que indican que Maite Areal (la esposa de Matas) ordenó varias reformas en la vivienda antes de firmar la escritura.
Además de defender la tasación del inmueble, Buades y Castella niegan ser dueños o administradores de la empresa Nova Labritja, que efectuó la venta. Sí admiten ser socios de una empresa que llegó a tener la mitad de la constructora y también que Castella fue administradora de esa sociedad hasta noviembre de 2003, es decir, meses antes de la venta.
Buades rechaza también la tesis de fiscalía de que rebajó el precio del palacete a cambio de encargos del Govern para su despacho de abogados. Así, afirma que facturó con el ejecutivo autonómico unos 127.000 euros, un 1'92 de su volumen total. Además señala: «¿Es de recibo sostener que existe una dádiva de más de un millón y medio de euros a cambio de contrataciones por trabajos por un total de 110.000 euros? Sostenerlo, además de ser incierto, supone una ofensa a la inteligencia y un ataque al recto sentido común».