El Consell de Formentera tiene un plazo de diez días hábiles para que inicie el proceso que ha de concluir con la demolición del centro comercial construido por Plaça Sant Ferran SL, en el lugar conocido por Ca ses Castellones. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Palma de Mallorca ha remitido al Consell de Formentera un escrito en el que se indica que «siendo firme la sentencia dictada en el presente recurso contencioso-administrativo, comuníquese a a la administración, por medio de atento oficio, al que se adjuntará testimonio de las sentencias dictadas en primera y segunda instancia y del expediente administrativo, a fin de que una vez acusado recibo, en el plazo de diez días, la lleve a puro y debido efecto, practicando lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo». Lo cual y según el apartado c) del punto uno del fallo de 4 de febrero de 2009 supone «que procede la reposición de las cosas a la realidad anterior a la ejecución de las obras al amparo de la licencia anulada». Ello deja claro que los tres módulos de edificaciones de planta baja y piso destinados a locales comerciales en Ca ses Castellones, en pleno núcleo urbano de Sant Ferran, deben ser demolidos.
Asimismo los tribunales dan diez días de plazo para que el Consell como administración demandada, participe al juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Palma, cuál será el órgano encargado de la ejecución de la sentencia y advierte que transcurridos tres o dos meses -según se condene o no al pago de cantidad líquida-, cualquiera de las partes y personas afectadas podrá solicitar la ejecución forzosa de la sentencia.
Al conseller de Urbanismo, Economía y Hacienda del Consell de Formentera, Bartomeu Escandell, la notificación le pilló en Mallorca donde estaba negociando con el IBAVI la compra de un posible solar para la construcción de Viviendas de Protección Oficial. Escandell reconoció que «la confirmación de que la sentencia es firme nos ha cogido por sorpresa -pero añadió-, el Consell acata la sentencia judicial y desde este momento los servicios jurídicos están estudiándola para ver qué actuaciones hay que emprender». Escandell dejó claro que la cuestión es una herencia de la legislatura anterior ya que la licencia de obras es del período en que gobernaba el ayuntamiento el tripartito formado por PP-GUIF-PREF «es algo que nos encontramos sobre la mesa», añadió el conseller.
El conseller Escandell dejó claro que la primera institución de la isla «no cuestiona la sentencia a nivel patrimonial, pero si está preocupada por las repercusiones económicas que podrían derivarse de la aplicación de la sentencia ya que unas indemnizaciones elevadas podrían llevar a la quiebra al Consell de Formentera, por lo que actuaremos y defenderemos a los ciudadanos de las posibles consecuencias económicas derivadas de la aplicación de la sentencia», explicó el conseller.