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El grupo popular del Consell Insular d'Eivissa pide que se instale el centro ocupacional de discapacitados en el edificio de Cas Serres, donde estaban inicialmente y que su estancia en Cruz Roja sea lo más mínimo posible. El Consell traslasdó los talleres de manera temporal a Cruz Roja a raíz de la agresión sufrida por un discapacitado de uno de los chavales del centro de menores de sa Coma. También reclama, a través de una moción presentada al pleno del Consell de este mes, un aumento del personal técnico y de seguridad del centro de menores de sa Coma, «de manera temporal o definitiva en función de la conflictividad del centro» dijo ayer el conseller del grupo popular, Vicent Serra. En su opinión, «se ha perdido el control de la gestión delcentro; el Consell no ha sabido asumir los cambios que ha habido de Can Pep Xico a Sa Coma y eso ha tenido repercusiones en los menores con discapacidad y en los propios del centro»
Serra cuestionó la ubicación del centro de menores de Sa Coma. «Ha habido destrozos en los talleres, coches rotos, un autobús de Cruz Roja quemado, problemas con los militares de emergencia y nos han llegado a hablar de intento de apuñalamiento», enumeró Serra acerca de la situación actual. «Las consecuencias de todo eso sobre los menores que no hacen daño y los niños que necesitan protección son importantes porque se compronmete su integración y normalización», afirmó, que aludió a la problemática del piso de González Abarca que, con unos graves problemas de convivencia con sus vecinos, se decidió trasladarlo a Can Pep Xico y ahora a Sa Coma. «Nos nos parece mal el cambio pero se ha hecho sin criterios», añadió el conseller del PP.
También se quejó de la eliminación del consorcio sociosanitario ya que aseguró que se trata de «una prueba más de que están abandonando la gestión directa de los recursos, el Consell pierde fuerza en llevar adelante las infraestructuras que el PP dejó casi acabadas y la residencia de Sant Antoni se está retrasando». Serra dijo que «aguantaron cuatro años con la oposición progresista de que al incluir el Govern en la junta del consorcio se había hecho una cesión de competencias y ahora comprobamos el doble discurso y el cinismo de la gestión».
El PP también realizará dos preguntas acerca de la situación legal del centro de menores: «Pensamos que tenemos un centro de menores ilegal y pedimos que se legalice la situación y la actividad; la conflictividad existente puede determinar responsabilidades si los hechos aumentan de gravedad», advirtió Serra. Otra de las preguntas dirigidas al presidente es acerca del tipo de contrato que ha hecho el Consell al personal de Intress, la empresa encargada de la gestión del centro.