Los ciudadanos de Baleares son los que plantean más reclamaciones de consumo de toda España, en una evolución que les ha llevado, en el plazo de 20 años, de formular simples quejas a interponer demandas legales hasta en el 86 por ciento de los casos, dependiendo del tipo de problema a que se enfrenten, lo que les sitúa «muy por encima» de la media española, que se sitúa en el 82,9%. Algo que se interpreta como un «síntoma de salud» social.
Esta es la principal conclusión que se desprende del tercer estudio sociológico sobre los problemas jurídicos de los españoles realizado por la compañía Arag, cuyos resultados para las islas fueron presentados hoy en el Hotel Maricel de Palma de Mallorca por la directora de Comunicación corporativa de este emporio especializado en atender problemas legales de todo tipo, Virginia Tusell, quien, además, coordinó su realización.
Según las conclusiones del mismo, los baleares reclaman en el 80 por ciento de los casos cuando se trata de problemas relacionados con la vivienda y propiedades inmobiliarias, cuyo volumen «no se ha incrementado» desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, aunque sí «han cambiado radicalmente» el sentido de las consultas que formulan los clientes, cobrando mucha más importancia los alquileres, que antes eran un aspecto «marginal», confirmó.
Tusell, quien estuvo acompañada por el delegado de zona de Arag, José Enrique Gómez, detalló que, en el ámbito laboral, el volumen de reclamaciones alcanza el 72,2%, frente al 65,5% de la media estatal; mientras que el archipiélago también supera al resto de España en reclamaciones formuladas por los conductores --que son la principal especialización de la compañía--, con un 73,7%, frente al 68,9 registrado en el conjunto del país.
Sin embargo, también manifestó que «esta actitud positiva no se corresponde» con el nivel de orientación legal que afirman tener los encuestado de Baleares, ya que «ante un problema legal concreto, más de la mitad de la población no sabe a quién acudir», en una dinámica que afecta al 55,4% de los residentes consultados. Y, aunque consideran un «referente» a los abogados (56%), la mayoría opta por recurrir a otros profesionales.